EL CARTEL DE LA INDEFENSIÓN EN LA SIERRA CENTRO ECUATORIANA: SABOTAJE FORENSE, DELITOS PENALES EXPRESOS Y LA RED DE PROTECCIÓN PROVINCIAL DEL ARRAIGO

Por: Redacción Central de Investigación de Theios Parrhesía

Tungurahua – Cotopaxi, 04 de noviembre de 2026

«¡Ay de aquellos que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia!… Odian al que los reprende en la puerta, y abominan del que habla con la verdad»

— AMÓS 5, 7.10 (BIBLIA CATÓLICA DE MONSEÑOR JUAN STRAUBINGER)

PREÁMBULO: LA VERDAD INALTERABLE ANTE LA SIMULACIÓN INSTITUCIONAL

La presente investigación periodística y forense de Theios Parrhesía, filial de la alianza corporativa internacional IJ Alliance, constituye la continuación definitiva y el desglose de cargo técnico-legal que desnuda el entramado corporativo de impunidad que opera de manera transversal en los cantones de Píllaro, Pelileo, Pujilí, Ambato y Cuenca. Los nuevos hallazgos documentales, respaldados por reportes forenses del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF), bitácoras de llamadas de emergencia filtradas y los registros inalterables ingresados ante la Presidencia de la República (SGD Quipux), demuestran que la denegación de justicia en territorio no obedece a errores humanos aislados, sino a un patrón corporativo criminal de hostigamiento, sabotaje tecnológico y discriminación regionalista sistemática contra ciudadanos costeños foráneos.

Mientras las fiscalías de Tungurahua y Cotopaxi pretenden dilatar las causas e imponer un régimen de «clandestinidad digital», el rastro tecnológico inalterable blindado ante las plantas centrales de Quito y el expediente indexado ante la Asociación Mundial de Periodistas en Madrid, España, se yerguen hoy como la última barrera de defensa del Estado de Derecho.

I. EXCLUSIVA FORENSE: EL TRIPLE FRENTE DEL SABOTAJE DIGITAL EN EL SIAF

El análisis forense ejecutado sobre las plataformas del Módulo de Información del SIAF nacional devela de forma fidedigna la alteración ideológica de los registros públicos del Estado ecuatoriano:

      [ EXPEDIENTE FISCAL MATRIZ NRO. 180801824070017 ]
                             │
                             ▼ (Maniobra Fiscal en Territorio)
      Adulteración de Dígito e Indexación Fantasma
                             │
                             ├─► Degradación Penal: "Actos de Odio" (Delito Grave) mutado a 
                             │                      "Daños Materiales por Tránsito".
                             │
                             ├─► Alteración de Identidades: Exclusión de Ángel Pérez Jácome.
                             │                              Inserción de Sospechosos Falsos.
                             │
                             └─► Sabotaje de Casilleros: Direcciones viciadas de mala fe 
                                                         (@ij-allence.com) para inducir indefensión.

1. La Mutación Fantasma de la Causa Nro. 180801824070017 (Píllaro)

El Fiscal de Soluciones Rápidas 1 de Tungurahua, Carlos Alfredo Noboa Romero, ejecutó el pasado 27 de octubre de 2026 un requerimiento de archivo definitivo de la causa. La investigación criminal por el delito de Actos de Odio (Art. 177 COIP) seguido en contra de los actores políticos locales Ángel Omar Pérez Jácome y Jessica Mariela Mazaquiza Moposita fue borrada del récord público nacional mediante la alteración del código de carátula al número 180801825060017. El dolo es burdo: el fiscal Noboa firmó la pieza en calidad de «Fiscalía de Accidentes de Tránsito 1», mutando el ataque material contra la vivienda de las víctimas (ventanales rotos con machetes) a un supuesto e inventado caso civil de «daños materiales» contra ciudadanos inexistentes que la familia jamás ha denunciado.

2. La Desactivación Premeditada de Servidores Estatales

Para evitar que la periodista ingresara los escritos de contradicción y oposición legal los días 26 y 27 de octubre de 2026, los buzones institucionales de la Judicatura local (unidad.pillaro@funcionjudicial.gob.ec y tungurahua.cj@funcionjudicial.gob.ec) fueron desactivados de forma inducida, provocando rebotes maliciosos automatizados (Error 550 5.1.1 NoSuchUser) para que los plazos perentorios precluyeran en secreto.

3. Ilegalidad en la Fe Pública: Uso de Yahoo Comercial

El rastro forense digital certifica que el agente de la Policía Judicial de Píllaro, Cbop. Luis Gustavo Larcos Tibán, operó de forma flagrante fuera del monopolio tecnológico estatal, notificando impulsos penales, citaciones oficiales y boletas de carácter confidencial desde una cuenta estrictamente comercial y privada: luisgustavo_larcos@yahoo.es, quebrando la cadena de custodia digital y viciando de nulidad absoluta todo el expediente.

II. MAPA LOGÍSTICO Y REGISTRAL DEL ASEDIADOR: LOS VEHÍCULOS DEL ACOSO EN HORNOPAMBA

La inacción y el archivo pretendido por la Fiscalía de Píllaro carecen de sustento técnico. Las víctimas proveyeron la identificación forense plena y los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) de las unidades motorizadas utilizadas de forma sistemática para ejecutar cercos de hostigamiento perimetral, amedrentamiento acústico y bloqueos maliciosos al garaje de la propiedad en el barrio Hornopamba, parroquia Emilio María Terán:

A este cerco logístico se sumó el adiestramiento de niños por parte de las familias Mazaquiza, Moposita y Velasco. Durante la inspección ocular, la turba local orquestó la comparecencia de un menor de edad para testificar falsamente que la periodista le arrojaba agua; la burda maniobra judicial se desplomó cuando los propios agentes policiales constataron en el acto que el niño se encontraba completamente seco, advirtiendo a los comuneros que las evidencias fílmicas de la periodista en su canal de YouTube desmentían el fraude procesal.

III. INFANCIA EN RIESGO Y NEGLIGENCIA CRIMINAL EN HUAMBALÓ (PELILEO)

El epicentro de la crisis actual se concentra en el Juicio Penal No. 18332202601316, radicado en la Unidad Judicial Multicompetente de Pelileo ante el Juez Dr. Marco Vinicio Andrade Daquilema.

1. Delito Flagrante contra la Seguridad Pública y la Niñez

Theios Parrhesía expone la evidencia fotográfica irrefutable de un menor de apenas seis años de edad conduciendo una motocicleta de alta carrera tipo motocross en las vías públicas agrícolas del sector Segovia Alto, en Huambaló. Esta práctica peligrosa es inducida de forma negligente por su progenitor, el ciudadano Henry David Cevallos Freire, quien pretende escudarse bajo un falso e ilegal estatuto de «atleta registrado en el Ministerio del Deporte» para violar la Ley de Tránsito y el Código de la Niñez y Adolescencia. Al exigir respeto a la paz pública y el cese del peligro común, la cónyuge de Cevallos Freire agredió físicamente a la periodista Ivonne Espinosa Ubilla profiriendo discursos regionalistas de odio.

                     [ CRONOLOGÍA DE LA NEGLIGENCIA POLICIAL ]
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  02 de abril de 2026  ► Omisión Dolosa: Llamadas de auxilio urgentes a emergency services; 
  (Viernes Santo)        el agente policial asignado nunca acude al lugar.
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  11 de abril de 2026  ► Intimidación Directa: Tras reclamo por WhatsApp, el agente 
                         llama a la víctima para amenazarla y difamarla.
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  04 de noviembre de   ► Presión de Archivo Local: La Cabo Segundo Gabriela Basantes 
  2026 (HOY MISMO)       intenta obligar a la víctima a repetir su declaración en 
                         zona de peligro para camuflar el expediente provincial.
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2. La Perversión del Enfoque Investigativo Fiscal

Frente a esta flagrancia criminal y el riesgo inminente del niño en la motocicleta, el Fiscal de Violencia de Género de Pelileo, Roberto Carlos Vayas Valdez, ejecutó un fraude de tipificación procesal alegando que, al no existir nexo de consanguinidad familiar entre las partes, el hecho no constituye un delito de acción pública.

En lugar de dictar medidas cautelares efectivas contra los agresores perimetrales, la Fiscalía de Pelileo desvió maliciosamente el enfoque investigativo, ordenando valoraciones psicológicas forenses restrictivas en contra de la propia periodista denunciante. Esta perversa herramienta administrativa busca deslegitimar la estabilidad emocional de la comunicadora para neutralizar de forma corporativa el Protocolo de Amparo Integral e Incondicional emitido formalmente a su favor por el Consejo de Regulación de la Comunicación (CDPIC) bajo el trámite oficial 03DN-0FBKW0 el 25 de febrero de 2026.

IV. EL SÍNDROME DE LA RED PROVINCIAL: EL PATRÓN DE PERSECUCIÓN DE CHIMBORAZO A AZUAY

La investigación macro de Theios Parrhesía comprueba que el desarraigo y el hostigamiento perimetral operan como una política fáctica en el territorio interior de la Sierra Centro:

• El Origen Escolar (Alausí – Chimborazo): El menoscabo psicológico contra el hijo menor de la periodista inició a sus cuatro años en la Escuela San Francisco de Sales por discriminación regionalista, repitiéndose la negligencia en la Unidad Educativa Ciudad de Alausí, donde la docente Patricia Sigüencia sacó al niño con los pantalones abajo del sanitario en un acto de maltrato institucional encubierto por las autoridades bajo el membrete de «proteger a una madre soltera».
• La Amenaza Comunitaria (Riobamba): En 2020, tras fiscalizar de forma periodística la entrega fraudulenta de víveres humanitarios durante la pandemia de COVID-19 en la Comuna Bayushig San Vicente, la familia fue cercada por líderes territoriales informales bajo la consigna xenófoba y de sumisión: «ustedes deben hacer lo que nosotros decimos porque somos los dueños de la tierra».
• La Extorsión Académica y la Inadmisibilidad del Azuay (Cuenca): En 2025, al inscribir de forma virtual al menor en la Unidad Educativa Novus High School (CORNATEC Cía. Ltda.), el niño sufrió segregación. Tras denunciar judicialmente a la docente Gabriela Luzardo por exponer a los estudiantes de quinto de básica a material pornográfico explícito (un hombre desnudo en Zoom), el promotor del plantel, Paúl Andrés Calle Moreira —quien opera ilegalmente simulando el título falso de «Magíster» sin registro alguno ante la SENESCYT— extorsionó y amenazó telefónicamente a la familia reteniendo de forma criminal el expediente académico del niño. Ante la gravedad del atentado infantil, la Defensoría del Pueblo del Azuay se lavó las manos declarando una Providencia de Inadmisibilidad el 18 de noviembre de 2025 (Caso CASO-DPE-CGDZ6-010101-209-2025-8235-FPGM), forzando el exilio educativo virtual del menor hacia la Academia San Elías de Argentina.

V. EL ENTRAMADO INMOBILIARIO: TITULACIONES FRAUDULENTAS EN LA ASOCIACIÓN DE CORREDORES

El motor económico del acoso inmobiliario en la parroquia Emilio María Terán responde a la actividad ilícita corporativa de Ángel Omar Pérez Jácome, ex-vocal del GAD Parroquial. Este ciudadano incurre sistemáticamente en el presunto delito de Falsedad y Usurpación de Calidad (Art. 289 COIP) al firmar instrumentos públicos, promocionarse institucionalmente e impartir seminarios de capacitación en bienes raíces bajo el grado académico fraudulento de «Magíster».

  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
  │      REGISTRO DE TITULACIÓN OFICIAL (SENESCYT)         │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┤
  │  Grado Real Acreditado:  Tecnólogo                     │
  │  Grado Publicitado ACBIR: Magíster en Bienes Raíces     │
  └────────────────────────────────────────────────────────┘

Esta simulación profesional se ejecuta bajo la abierta tolerancia, venia y presunta complicidad de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces (ACBIR Tungurahua). El uso de esta falsa condición académica ha sido el mecanismo coercitivo para amedrentar a compradores foráneos, forzar adelantos económicos irregulares de intermediación y dar apariencia jurídica a transacciones de corretaje inmobiliario fraudulentas; una línea de investigación penal medular que la fiscalía local se negó a tramitar.

VI. MANIFIESTO EDITORIAL: LA SIMULACIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL ECUADOR REAL

El diseño constitucional de la República contempla la asignación de defensores públicos gratuitos para garantizar que ningún ciudadano civil quede en la indefensión absoluta por falta de recursos económicos. Sin embargo, las investigaciones de campo de Theios Parrhesía demuestran de forma fidedigna que en el Ecuador rural esta garantía se ha convertido en una simulación institucional crónica que abandona a las víctimas y convalida el fraude de las fiscalías.

El abandono técnico en masa ejecutado por los defensores asignados, Abg. José Luis Yánez (Ambato), Abg. Myriam Patricia Balladares Sánchez (Pelileo) y Abg. Gladys Chimborazo Navarrete (Píllaro), constituye una flagrante violación a la Tutela Judicial Efectiva. El silencio administrativo total que mantuvieron desde el 14 de octubre de 2026, coordinado con la exigencia extorsiva de obligar a una víctima con discapacidad psicosocial del 40% a comparecer físicamente en las zonas de peligro perimetral, devela la connivencia gremial provincial encaminada a sepultar las causas antes de que las auditorías forenses de Quito asuman el control estratégico de los expedientes.

VII. LA INDUCCIÓN AL ODIO REGIONAL EN PLATAFORMAS DIGITALES Y LOS VERDADEROS INTERESES EN JUEGO

El andamiaje de hostigamiento contra los ciudadanos foráneos no se limita a los cercos físicos o al sabotaje en las dependencias judiciales; este opera de forma coordinada con la instrumentalización de plataformas digitales y fanpages de difusión local. Portales informales de redes sociales actúan sistemáticamente como catalizadores de estigmatización geográfica, propagando narrativas de odio e imputando de manera generalizada la autoría de hechos delictivos a ciudadanos costeños sin contar con peritajes oficiales, constatación de identidades o elementos mínimos de veracidad técnica.

«Evidencia documental de discursos de estigmatización regional sin verificación pericial en redes sociales de Tungurahua». 

Esta estrategia de difamación digital no constituye un fenómeno aislado, sino la antesala de una deriva de violencia fáctica que ha cobrado vidas inocentes en la región. El señalamiento irresponsable en redes y asambleas informales, que imputa de forma directa delitos a ciudadanos por el simple hecho de ser originarios de las provincias de la Costa, ha derivado en ejecuciones sumarias extrajudiciales que traicionan los verdaderos principios de la cosmovisión ancestral y violentan el derecho inalienable a la vida.

La Frontera Jurídica: La Justicia por Mano Propia es Delito Ordinario

Frente a la normalización del salvajismo bajo el pretexto de manifestaciones culturales o territoriales, el Bloque de Constitucionalidad del Ecuador y los expertos en derecho indígena son categóricos: la justicia indígena no incluye, bajo ninguna circunstancia, la pena de muerte ni los tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 171 de la Constitución de la República limita la potestad jurisdiccional de las comunidades al respeto estricto de los Derechos Humanos. Un proceso legítimo de administración de justicia comunitaria exige una investigación formal, una asamblea de careo transparente con la participación de todas las partes y resoluciones orientadas exclusivamente a la reparación integral y la indemnización material.

Los linchamientos, las quemas, las golpizas y los destierros forzados perpetrados por turbas embriagadas o azuzadas por dirigentes con intereses inmobiliarios ocultos no responden a la justicia ancestral; constituyen delitos tipificados de **Homicidio (Art. 144 COIP) o Asesinato (Art. 140 COIP)**. La aplicación de la fuerza bruta para someter al forastero o despojarlo de sus bienes es un acto criminal ordinario que acarrea responsabilidades penales individuales y colectivas, y el Estado ecuatoriano no puede continuar cohonestando la impunidad territorial bajo el membrete de la autonomía comunitaria.

VIII. SENTENCIA CONSTITUCIONAL Y DOCTRINAL: LA IMPUNIDAD HA CAÍDO

Los operadores judiciales implicados en este bloqueo sistemático violentan el Bloque de Constitucionalidad de la República del Ecuador, configurando conductas tipificadas penalmente en el COIP:

1. Art. 176 (COIP) – Delito de Discriminación: Castiga de manera restrictiva el menoscabo, anulación o restricción de derechos fundamentales motivado por el origen geográfico (estigmatización contra ciudadanos costeños).
2. Art. 272 (COIP) – Fraude Procesal: Sanciona con rigor a la autoridad judicial o fiscal que altere el número de un expediente, modifique identidades o camufle pruebas forenses para inducir al engaño y garantizar la impunidad de terceros.
3. Art. 277 (COIP) – Omisión de Funciones y Deberes: Penaliza al servidor público o miembro de la Fuerza Pública que, estando obligado a intervenir ante la flagrancia de un peligro contra la niñez o llamadas de auxilio urgentes, omita dolosamente sus facultades misionales.

Frente al quebrantamiento de las estructuras humanas, el magisterio de la Iglesia Católica y la Doctrina Social emiten un veredicto moral inapelable: la denegación de justicia al forastero constituye un pecado social grave que clama al cielo (Catecismo de la Iglesia Católica Num. 2237 y 2487), y el amparo del abuso comunitario bajo el membrete de «costumbres rurales» traiciona el diseño moral divino de la paz social.

La verdad respaldada por el rastro tecnológico inalterable de las plantas centrales en Quito y la veeduría internacional ha roto definitivamente las cadenas del regionalismo provincial. La infamia ha caído, porque la ley es una sola y el territorio de la República es indivisible.

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Como parte del periodismo responsable y transformacional de Theios Parrhesía, abrimos este canal para dar voz a quienes el aparataje estatal pretende silenciar. La impunidad, la xenofobia institucionalizada y la desidia fiscal terminan únicamente cuando los ciudadanos nos unimos bajo el escudo de la verdad.