THEIOS PARRHESÍA
Filial IJ Alliance — Periodismo Católico, Independiente, Responsable y Transformacional
Acreditación Internacional de la Asociación Mundial de Periodistas N.º EC210015 (Madrid, España)
La Captura de la Infamia: El Entramado de la Obstrucción Vehicular y el ACecho en Huambaló como Arma de Coacción Inmobiliaria
INVESTIGACIÓN ESPECIAL
HUAMBALÓ, TUNGURAHUA. El estado de indefensión crónica y el cerco de persecución perimetral que esta dirección periodística ha venido denunciando de forma sistemática ante la Presidencia de la República y la Fiscalía General del Estado ha tenido un nuevo y violento capítulo de flagrancia. Lo que las mafias comunitarias e informales de la Sierra Centro pretendieron camuflar bajo el membrete de «costumbres de zonas rurales» o simples «problemas de vecindad», ha quedado hoy al descubierto como un entramado coordinado de hostigamiento, discriminación regionalista y elusión del ordenamiento constitucional, tolerado por el accionar «a medias» de la fuerza pública local.
Este nuevo atropello se conecta de forma indivisible con el rastro de impunidad institucional y el secuestro informático de causas que ya expusimos en nuestras investigaciones previas:
• Sabotaje en el SIAF e Impunidad Provincial: Megarreportaje
• Fraude Procesal en Ecuador: El Rastro Digital del SIAF y Xenofobia Judicial
• En Tungurahua: Actuación Judicial en Entredicho y Sin Garantías para las Víctimas
• Pelileo: Denuncia por Menor en Riesgo y Violencia Genera Cuestionamientos a la Actuación de Fiscalía
I. LA CRÓNICA DEL ASEDIO EN FLAGRANCIA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2026
El reloj marcaba las primeras horas de la mañana de este jueves 5 de noviembre de 2026 cuando se activó un nuevo cerco coercitivo frente al domicilio de resguardo confidencial de la Directora General de este medio, Prdta. Ivonne Espinosa, en la parroquia Huambaló (Sector Segovia Centro, Cantón San Pedro de Pelileo).
Un vehículo tipo automóvil, de placas TBM-7304, de propiedad de la ciudadana NANCI CUMANDÁ ESPINOSA CISNEROS según las bases registrales públicas del Estado, y conducido por un sujeto joven que se negó reiteradamente a identificarse, procedió a invadir la vía pública que sirve de acceso a nuestra propiedad, estacionándose de forma transversal para bloquear, obstruir e impedir por completo el ingreso y la salida de nuestro garaje privado.
Ante la ausencia inicial de otros adultos en el predio, la Directora de este medio procedió a salir en compañía de su hijo menor de edad, de diez años, exigiendo pacíficamente el retiro del automotor y amparada en los documentos municipales que certifican que el acceso afectado es una VÍA PÚBLICA. La respuesta de los ocupantes del automotor fue un despliegue de violencia verbal y amedrentamiento.
Las mujeres que acompañaban al conductor, instrumentalizando el discurso xenófobo y de odio regionalista recurrente contra ciudadanos costeños foráneos, procedieron a lanzar insultos denigrantes y amenazas de despojo, profiriendo expresiones como “esto era de nosotros”, “ustedes son problemáticos”, “desde que están aquí causan mala vecindad” y pretendiendo sostener que “sus ancestros y su padre fueron dueños de nuestra propiedad y de la calle pública, lo que les concede el ‘derecho’ de invadir y bloquearnos la vía”.
Durante este linchamiento verbal, en una flagrante violación a los derechos humanos y a las leyes penales del Ecuador, una de las mujeres levantó su dispositivo celular y procedió a realizar grabaciones ilícitas dirigidas de forma deliberada hacia el interior de nuestra propiedad privada, filmando la estructura del inmueble y captando de forma no consentida la imagen corporal de la periodista y de su hijo menor de edad de diez años con fines de intimidación coercitiva.
Al percatarse del escenario de desprotección y la violencia psicológica ejercida contra su esposa e hijo, el Ing. Jorge Chóez Pin se incorporó a la escena para ejercer la legítima defensa familiar, deteniendo el asedio verbal antes de la llegada de las unidades de la Policía Nacional, cuyo procedimiento posterior demostró las taras de la inacción institucional local.
II. ANÁLISIS JURÍDICO CRIMINAL: LAS EVIDENCIAS QUE SEPULTAN LA IMPUNIDAD
A diferencia de las actas de mediación informal que las estructuras rurales de Tungurahua pretenden imponer a las víctimas, Theios Parrhesía expone ante el país el arsenal probatorio audiovisual que ha sido elevado de forma indivisible a la Fiscalía General del Estado en Quito (Oficio N.º 064-TPIJ-2026) y al Ministerio del Interior (Oficio N.º 065-TPIJ-2026), el cual desarmó en tiempo real las coartadas de los infractores:
1. La confesión extrajudicial del bloqueo vehicular
En el registro fílmico de cargo, la contraparte admite formalmente ante los servidores policiales la materialidad de la contravención y la obstrucción de la vía pública al manifestar textualmente:
«Lo que pasa es que nosotros estábamos un ratito no más demoramos… ya vamos a poner un poquito más atrás… somos humanos y tenemos errores»
. Esta declaración grabada constituye una confesión de culpabilidad penal de la obstrucción física de nuestro garaje, destruyendo cualquier simulación posterior.
2. La validación policial del camino público
El propio agente de la Policía Nacional que tomó el procedimiento técnico se vio obligado a ratificar ante las cámaras de este medio la legalidad del reclamo de la periodista:
«La señora esta tiene toda la razón, este… como camino público… no es de la señora ni de usted»
. Esto liquida jurídicamente la narrativa extorsiva local que pretendía obligar a los propietarios formales a «pedir permiso» a los informales para entrar y salir de su propia casa.
3. El daño psicológico infantil como arma de acecho
Frente a las alegaciones infundadas de los distritos judiciales de Pelileo, aclaramos que el hijo menor de edad de la Directora de este medio ha estado sometido a una presión emocional producto del entorno; su estado de alteración emocional, llanto, indignación y nerviosismo es el resultado directo del daño psicológico crónico provocado por este patrón de hostigamiento sistemático que data desde el año 2019. El hecho de que facciones informales comunitarias acudan a arrojar perros sin control al pie de la ventana para ensuciar el predio, dejar desechos orgánicos y gritar insultos frente a un niño de diez años, constituye un acto de acecho y violencia ambiental tipificado y sancionado severamente por el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
EL ABSURDO PROCESAL DE LA GORRA DE TELA ANTE LA INVIOLABILIDAD DEL AUTOMOTOR 2026:
La desesperación de los acosadores perimetrales en Huambaló los llevó a ejecutar un ridículo técnico que raya en la infamia procesal. Al verse expuestos ante la fiscalización periodística in situ, el conductor y las mujeres que lo acompañaban intentaron justificar el bloqueo del garaje alegando ante la Policía Nacional que el hijo de la periodista, un menor de diez años, había «agredido y dañado» el vehículo. ¿La supuesta arma de destrucción masiva? Una pequeña gorra de tela tipo béisbol con la que el niño, en un acto de pura indignación infantil ante el asedio a su madre, golpeó el capó de una pesada camioneta 4×2 modelo 2026.
Esta maniobra de inversión de roles, donde los delincuentes que bloquean un domicilio y filman de forma ilegal a una familia pretende asumir el papel de «víctima de una gorra de algodón», constituye una burda cortina de humo judicial. El sujeto implementó esta mentira con un fin estrictamente coercitivo: amedrentar a los denunciantes para infundir miedo a una contradenuncia inexistente y forzar la impunidad en territorio.
Pero el rastro digital del video de Theios Parrhesía los sepulta; la física elemental desmiente que la tela dañe el acero automotriz, dejando al descubierto la vileza de una facción que no duda en criminalizar la infancia para salvarse de la cárcel.
Este es el espejo de la indefensión en territorio. El señalamiento, el hostigamiento ambiental y el cierre de caminos públicos en Huambaló operan bajo esta misma matriz sociológica: una cortina de humo social para forzar la exclusión del ciudadano foráneo costeño y obligar a las víctimas a claudicar sus derechos patrimoniales ante catastros y redes informales locales.
IV. BLINDAJE LEGAL Y EL SECRETO PROFESIONAL PERIODÍSTICO
Frente a los requerimientos coactivos del Distrito de Policía Patate (Jefatura de la Mayor Carla Johana Aguilar Colina y CboS. Gabriela Basantes), plasmados en el Oficio N.º PN-DIST-PAT-2026-1353-O —donde se pretendió presionar a la víctima con plazos perentorios de tres días para forzar el archivo express de la causa—, esta dirección ha establecido un blindaje legal absoluto desde Planta Central en Quito.
Amparada en el Artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República del Ecuador, y bajo las salvaguardas internacionales del Departamento de Protección al Periodista de la Asociación Mundial de Periodistas en Madrid, la Prdta. Ivonne Espinosa Ubilla ha invocado la reserva absoluta de sus herramientas de trabajo y el Secreto Profesional.
Por consiguiente, se notifica formalmente a la Fiscalía General del Estado que el dispositivo móvil físico de la periodista queda totalmente exento de exhibición o entrega, disponiéndose que toda pericia forense de entorno digital (Art. 611 del COIP) se ejecute de forma exclusiva sobre las plataformas externas externalizadas (los videos publicados en YouTube y los logs de seguridad del repositorio seguro de Drive corporativo). Esta medida impide que las fiscalías de Tungurahua y Cotopaxi —denunciadas previamente por sabotaje en el sistema SIAF— tengan acceso al equipo de trabajo de este medio de comunicación.
POSICIÓN INSTITUCIONAL DE THEIOS PARRHESIA (IJ ALLIANCE) SOBRE LA INVIOLABILIDAD DE SUS ARCHIVOS PERIODÍSTICOS DIGITALES
Frente a las denuncias y procesos en curso relacionados con actos de discriminación regional, violencia sistemática y xenofobia, Theios Parrhesia de IJ Alliance fundamenta de manera categórica la estricta reserva, protección e inviolabilidad de sus archivos digitales, notas de investigación y bases de datos informativas, amparada en el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador y los tratados internacionales de derechos humanos.
La negativa a la entrega, revisión o alteración de dicho material periodístico se sustenta en los siguientes pilares legales:
1. Garantía Constitucional del Secreto Profesional:
De conformidad con el artículo 20 de la Constitución del Ecuador, se garantiza de forma absoluta el secreto profesional de los comunicadores. Asimismo, el artículo 66, numeral 19 (Derecho a la Protección de Datos Personales), reconoce que el tratamiento de la información requiere la autorización de su titular o mandato legal, blindando los entornos digitales de recolección de información periodística contra injerencias arbitrarias del Estado o de terceros.
2. Inviolabilidad de Archivos Digitales bajo la Ley de Comunicación:
El artículo de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que regula la reserva de fuente extiende explícitamente esta protección a todos los soportes materiales e informáticos. Las libretas de apuntes, grabaciones, correos electrónicos, discos duros y archivos digitales de Theios Parrhesia gozan de total inmunidad jurídica. Ninguna autoridad judicial o administrativa puede obligar a este medio a desvelar o entregar el material de sus investigaciones bajo el pretexto de una indagación por discriminación.
3. Exclusión de Responsabilidad Penal en Investigaciones (COIP):
Conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el secreto profesional periodístico actúa como una limitación legal insalvable para las entidades de control fiscal y policial. El equipo periodístico de IJ Alliance no puede ser forzado a declarar sobre el origen de sus archivos ni a comprometer la cadena de custodia de sus soportes digitales.
4. Protección Internacional contra la Censura Indirecta:
De acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la incautación, registro o exigencia de entrega de archivos periodísticos constituye una forma de censura indirecta y una violación flagrante a la libertad de prensa. La labor informativa de Theios Parrhesia, incluso al abordar temas sensibles como la xenofobia o la discriminación regional, se ejerce bajo el amparo de la libre difusión del pensamiento y la protección de sus bases de datos documentales.
Theios Parrhesia de IJ Alliance reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos y el rechazo a toda forma de discriminación; no obstante, bajo ningún concepto cederá el acceso a sus archivos digitales de carácter periodístico, por cuanto su entrega vulneraría el principio de independencia de la prensa libre y los derechos fundamentales que la ley ecuatoriana otorga a los medios de comunicación y sus fuentes.
V. PETITORIO Y EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD AL ESTADO
Theios Parrhesía ha formalizado ante las plantas centrales de Quito las siguientes exigencias constitucionales:
1. A la Fiscalía General del Estado (Quito):
La materialización inmediata del entorno digital de los cuatro videos de cargo recopilados el día de hoy, y la vinculación mandatoria de la ciudadana NANCI CUMANDÁ ESPINOSA CISNEROS para que responda penalmente por el uso del vehículo Placa TBM-7304 en actos de intimidación y violación a la intimidad domiciliaria de un menor de edad.
2. Al Ministerio del Interior:
La apertura inmediata del Sumario Administrativo Disciplinario de Destitución en contra de la Mayor Carla Johana Aguilar Colina (Jefe del Distrito Patate) y de los agentes que el día de hoy tomaron un procedimiento «a medias», omitiendo detener a la mujer que filmaba ilegalmente el domicilio y negándose a aplicar el remolque con grúa del automotor infractor conforme lo dispone el Art. 391 del COIP y la Ley de Tránsito.
3. A las Organizaciones Internacionales:
Se ha corrido traslado de este expediente unificado con los oficios matrices 056, 059, 060, 063, 064 y 065-TPIJ-2026 al Comité Directivo de la Asociación Mundial de Periodistas en Madrid, España, activando las alarmas de fiscalización internacional frente al estado de desplazamiento forzado interno y persecución regionalista en la Sierra del Ecuador.
La verdad no se negocia, la propiedad privada se respeta y las leyes de la República del Ecuador se aplican con rigurosidad, independientemente de los fueros informales de territorio. Theios Parrhesía continuará demostrando cada palabra con el rastro inalterable de la evidencia digital.
REGISTRO AUDIOVISUAL DE CARGO: EVIDENCIA EN FLAGRANCIA (VIDEO 1)
A continuación, se inserta el primer registro fílmico inalterable de cargo que certifica la materialidad de la obstrucción vehicular transversal en la calle pública, el linchamiento verbal con expresiones de odio regionalista y la filmación ilegal coercitiva efectuada en contra de nuestro núcleo familiar protegido:
Código Forense Digital: Registro indexado indivisiblemente en el expediente de Planta Central.
REGISTRO AUDIOVISUAL DE CARGO: GRABACIÓN ILÍCITA PERIMETRAL Y VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD (VIDEO 2)
Se incorpora el segundo registro fílmico de cargo forense. En esta pieza audiovisual se capta el momento exacto en que una de las mujeres ocupantes del vehículo infractor levanta de forma desafiante su dispositivo móvil para **filmar y registrar sin consentimiento el interior de nuestra propiedad privada, captando la imagen corporal de la periodista, su cónyuge y de su hijo menor de edad**, con el perverso fin de amedrentar, coaccionar y violentar la inviolabilidad del domicilio:
⚠️ FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: ARTÍCULO 178 DEL COIP
El accionar capturado en este registro audiovisual constituye una infracción penal tipificada y sancionada con severidad en el **Código Orgánico Integral Penal (COIP)** bajo la figura de **Violación a la Intimidad**, la cual establece textualmente lo siguiente:
«Art. 178.- Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, capture, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.»
Esta conducta adquiere una gravedad extrema al haberse ejecutado mediante una invasión perimetral visual dirigida al domicilio de una familia protegida bajo condición de **Desplazamiento Forzado Interno** y, muy especialmente, al haber registrado de forma no consentida la identidad de un **menor de edad de diez años**, vulnerando el principio constitucional de su interés superior (Art. 44 CRE).
REGISTRO AUDIOVISUAL DE CARGO: LEGÍTIMA DEFENSA FAMILIAR Y ARBITRARIEDAD PERIMETRAL CONTINUA (VIDEO 3)
Se incorpora el tercer registro fílmico de cargo forense. En esta pieza audiovisual se observa de forma nítida cómo el Ing. Jorge Chóez Pin, de manera serena y respetuosa, comparece ante los infractores para explicarles la necesidad legal de mantener completamente expedito el camino público. El diálogo evoca los principios elementales de la buena vecindad y el marco normativo vigente; no obstante, la contraparte civil —lejos de deponer su actitud hostil— continúa de manera arbitraria y desafiante ejecutando capturas fílmicas no consentidas hacia el interior de nuestro predio privado:
Nota Forense de Trazabilidad: Este video desmonta de forma absoluta cualquier intento de la policía local de catalogar la flagrancia como una «riña mutua». La grabación certifica la disparidad de conductas: de un lado, la exigencia formal y comedida del cumplimiento de las leyes de tránsito; del otro, la persistencia en la captación ilegal de imágenes perimetrales domésticas (Art. 178 COIP), perpetuando la intimidación psicológica en presencia de un menor de edad.
REGISTRO AUDIOVISUAL DE CIERRE: EL DESMANTELAMIENTO DEL FRAUDE COERCITIVO Y LA NEGLIGENCIA POLICIAL A MEDIAS (VIDEO 4)
Se incorpora el cuarto y último registro fílmico de cargo forense. Esta pieza documental registra el momento exacto en que arriban las unidades de la Policía Nacional. Aunque los servidores policiales intervinientes admitieron expresamente que esta dirección periodística asistía de total razón legal respecto al carácter público del camino, su accionar posterior evidenció una flagrante inacción institucional y trato desigual por discriminación regional. La fuerza pública local omitió proceder en contra de la mujer que, en presencia de los uniformados, continuó ejecutando captaciones fílmicas ilícitas hacia el interior de nuestro domicilio protegido (vulnerando el Art. 178 del COIP); asimismo, los agentes accionaron de forma negligente al no disponer el remolque con grúa del automotor infractor que obstruía el garaje privado, eludiendo confrontar a los acosadores por su condición de nativos de la zona frente a nuestra calidad de foráneos.
🔍 CONTROL DE CARGO: DESMANTELAMIENTO DE LA COACCIÓN CONTRA UN MENOR
El documento audiovisual expone además el absurdo procesal implementado por el conductor del vehículo (quien no figura como propietario registral del bien). En un intento desesperado de inversión de roles ante los agentes, el sujeto formuló la acusación mendaz de que nuestro hijo de diez años había provocado «daños materiales» al capó de la camioneta utilizando una gorra de tela de béisbol.
Al activar de forma inmediata las cámaras de este medio de comunicación para registrar y periciar de cerca la falsedad del reclamo, los infractores optaron por abordar el automotor y retirarse precipitadamente del sitio, devaluando su propia simulación sin que la Policía Nacional ejerciera sus facultades de retención vehicular o levantamiento de actas de infracción, consumando un procedimiento nulo y ejecutado exclusivamente a medias.
LA CORTINA DE HUMO DE LA «JUSTICIA INDÍGENA»: EXTORSIÓN Y VIGILANTISMO CRIMINAL EN LA SIERRA
El asedio perimetral ejecutado en Huambaló desuda una problemática estructural que asola a las provincias andinas de Ecuador. Amplios sectores rurales e informales recurren de manera distorsionada a la figura constitucional de la «justicia indígena» (Art. 171 de la CRE) o a la organización comunitaria no como un mecanismo ancestral de armonización interna, sino como una patente de corso corporativa para ejercer el vigilantismo criminal, encubrir la elusión fiscal ante el SRI y cometer atropellos sistemáticos en contra de ciudadanos foráneos.
Bajo la falsa consigna de «proteger el territorio», se orquestan linchamientos colectivos fundados en meros rumores y prejuicios regionalistas, donde la presunción de inocencia es erradicada por el amontonamiento del populacho enardecido. Los archivos periodísticos de portales como Primicias documentan la escalada bárbara de este fenómeno:
• El linchamiento e incineración en Guamote:
El 9 de octubre de 2023, en el cantón Guamote (Chimborazo), una turba de más de 2.000 comuneros pertenecientes a 23 comunidades retuvo, golpeó, desnudó y terminó quemando vivo al ciudadano Luis Santos, de 23 años. A pesar de que la Fiscalía abrió una instrucción penal por homicidio, el arraigo comunitario y la complicidad oficial seccionada han mantenido este crimen en la total impunidad. Incluso mediadores comunitarios de seguridad como Raúl Vayas han terminado linchados y con quemaduras por turbas incontrolables en el Parlamento Indígena de Guamote al intentar contener el salvajismo procesal.
• La barbarie en Chalguayaco (Imbabura):
El 10 de septiembre de 2026, la parroquia Chalguayaco, en el cantón Pimampiro, fue escenario de otro acto brutal de justicia por mano propia. Tras un ataque armado en el sector, una aglomeración de cerca de 200 personas capturó a dos presuntos sospechosos, los maniató, los golpeó en la vía pública y los incineró dentro del estadio de la comunidad, impidiendo por completo el acceso físico y el control del procedimiento a los miembros de la Policía Nacional.
• La ejecución vecinal desproporcionada en Cuenca:
El feriado de carnaval del 17 de febrero de 2026 evidenció el nivel de deshumanización al que ha llegado el vigilantismo en las zonas periféricas. En el sector de Quinta Chica (Cuenca), el ciudadano Ángel Anguizaca, de 43 años, fue asesinado a golpes por una turba de vecinos tras haber rozado y atropellado accidentalmente a un perro que salió de una propiedad cuyo dueño no se hizo responsable como es usual en todo el país donde no todos los perros que están en la calle son callejeros sino que sus propios dueños los echan a la calle con el fin de que salgan a orinar o defecar en otros lugares y así no tener que limpiar sus excrementos. Los propietarios del animal doméstico y un populacho de más de seis personas reaccionaron con botellas, palos y piedras, desatando una golpiza tumultuaria que le causó un traumatismo craneoencefálico fatal, justificando el homicidio bajo el membrete de la muerte de la mascota.
REGISTRO DE RESPONSABILIDAD EDITORIAL Y NOTIFICACIÓN JURÍDICA BRINDADA
Sra. Prdta. Ivonne Espinosa Ubilla
Directora General de Theios Parrhesía
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Como parte del periodismo responsable y transformacional de Theios Parrhesía, abrimos este canal de debate popular para dar voz a quienes el aparataje estatal provincial pretende silenciar. La impunidad, la xenofobia institucionalizada y el desvío de los procedimientos constitucionales en el territorio terminan únicamente cuando los ciudadanos nos unimos bajo el escudo de la verdad inalterable.
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«LA VERDAD LOS HARÁ LIBRES» — JUAN 8, 32