Imagen: Menor de edad con uniforme estudiantil conduce una moto de carrera en la vía Huambaló – Pelileo, a la altura de Huasimpamba.
Cuando denunciar no basta: El derecho a ser escuchado, protegido y tratado con dignidad en Ecuador
Localidad: Tungurahua, Ecuador |
“La justicia no consiste solamente en abrir un expediente, recibir un escrito o cumplir un trámite. También exige escuchar a quien denuncia, examinar sus pruebas, evaluar los riesgos y ofrecer una respuesta oportuna, motivada y compatible con los derechos humanos.”
La pregunta que las instituciones deben responder
¿Qué puede hacer una persona cuando afirma haber sufrido agresiones e intimidaciones, presenta denuncias, entrega videos y solicita protección, pero siente que su situación continúa sin una respuesta efectiva?
¿A quién debe acudir cuando considera que sus denuncias no han sido examinadas con la diligencia que merecen? ¿Qué ocurre cuando los procedimientos avanzan, pero la persona denunciante sigue sintiéndose desprotegida?
¿Y cómo recuperar la confianza en la justicia cuando la posibilidad de archivar una investigación aparece antes de que, a juicio de quien denuncia, se hayan esclarecido suficientemente los hechos?
Estas preguntas atraviesan el testimonio de una familia que ha reportado una serie de episodios ocurridos en distintos sectores de la provincia de Tungurahua, entre ellos Píllaro, Ambato, Pujilí, Latacunga, Alausí, Patate y Pelileo.
A través de Theios Parrhesía, de IJ Alliance, se plantea una preocupación que merece una respuesta institucional seria: la distancia que puede existir entre el derecho formal a denunciar y la experiencia real de una persona que busca protección, investigación y justicia.
Este reportaje recoge los antecedentes comunicados por la denunciante, de quien omitiremos su nombre para evitar posibles atentados en su contra, junto con los números de expedientes, las actuaciones procesales que refiere y los materiales audiovisuales que ha señalado como respaldo de sus afirmaciones.
Una historia de denuncias y una sensación persistente de desprotección
Según los antecedentes proporcionados, una familia ha denunciado episodios de agresión, amenazas, hostigamiento y comportamientos que considera intimidatorios en diferentes momentos y localidades de Tungurahua.
La denunciante sostiene que, además de los incidentes concretos, ha experimentado comentarios y actitudes que interpreta como estigmatización por su procedencia costeña y guayaquileña. Afirma que esa condición regional habría influido en la forma en que ella y su familia han sido tratadas en determinados entornos.
Una acusación de esta naturaleza debe examinarse con seriedad, sin generalizar sobre las comunidades de la Sierra ni atribuir a toda una población la conducta de determinadas personas. La convivencia entre ciudadanos de diferentes regiones es parte de la realidad ecuatoriana y no debería convertirse en motivo de desprecio, exclusión o trato desigual.
Ser costeño, serrano, amazónico, insular, guayaquileño, ambateño o provenir de cualquier otro lugar del país no disminuye la dignidad de nadie. La procedencia regional no puede servir de excusa para justificar agresiones, burlas, amenazas ni una atención institucional menos diligente.
La denunciante sostiene que la acumulación de episodios y la falta de respuestas que considera suficientes le ha generado temor, desgaste emocional e incertidumbre. También refiere que los conflictos anteriores llegaron a afectar su decisión de permanecer en una vivienda y que la inseguridad percibida contribuyó a que su familia se marchara de ese lugar.
Estas afirmaciones requieren ser valoradas junto con los documentos, testimonios y registros que correspondan. Sin embargo, plantean una cuestión que va más allá de una disputa entre particulares: ¿están las instituciones identificando y evaluando adecuadamente los riesgos que una persona comunica cuando acude a ellas de manera reiterada?
La protección no debe depender de que una situación alcance consecuencias irreparables. Tampoco puede prometerse automáticamente sin evaluar los requisitos legales. Debe existir, al menos, una respuesta diligente, motivada y proporcional al riesgo que se haya puesto en conocimiento de las autoridades.
CASO 1
Píllaro: la denuncia de 2024 y el recuerdo de una respuesta insuficiente
No. de Expediente Fiscal: 180801824070009
Fecha de Presentación: Julio de 2024
Jurisdicción / Localización: Parroquia Emilio María Terán, Cantón Píllaro, Tungurahua.
Nombres de Implicados en Escritos: Jéssica Masaquiza Moposita y Ángel Omar Pérez Jácome.
La familia refiere que los hechos involucraron a las personas identificadas en la ficha técnica superior. También menciona la intervención de un agente policial, identificado como Luis Gustavo Larcos, y afirma que las actuaciones posteriores no lograron detener los comportamientos que consideraba intimidatorios.
La denunciante sostiene que, durante las gestiones realizadas, recibió respuestas que, según su percepción, minimizaban el conflicto o trasladaban a la propia familia la responsabilidad de la situación. También manifiesta que se efectuaron recorridos policiales ocasionales, pero que estos no habrían producido una solución duradera.
Estas afirmaciones deben contrastarse con las partes policiales, las declaraciones, los registros de llamadas, las comunicaciones oficiales y cualquier otro documento disponible. Si existieron expresiones descalificadoras o una valoración prematura de quién tenía la culpa, correspondería determinar quién las emitió, en qué contexto y si afectaron el cumplimiento de los deberes institucionales.
Evidencia Audiovisual de Soporte
La denunciante ha señalado un registro de archivo alojado en nuestro centro editorial de IJ Alliance como antecedente clave:
La existencia de una publicación o de un video no demuestra por sí sola todas las afirmaciones asociadas a él. Su contenido, fecha, contexto, integridad y relación con los hechos deben verificarse. No obstante, si la denunciante aportó registros pertinentes a las autoridades, resulta legítimo preguntar si fueron incorporados al expediente, examinados y valorados mediante actuaciones documentadas.
La familia afirma que la persistencia de los conflictos y su percepción de falta de protección influyeron en la decisión de abandonar la vivienda. Si esa decisión se encuentra respaldada por documentos, testimonios u otros elementos, podría contribuir a comprender las consecuencias que los hechos denunciados tuvieron en su vida cotidiana.
La cuestión de fondo no es si una familia debe ser creída sin comprobación. Es si tiene derecho a que sus afirmaciones sean comprobadas con seriedad, imparcialidad y sin prejuicios. La respuesta jurídica debe surgir de la investigación, no de estereotipos sobre quién parece más respetable, quién pertenece a la comunidad o quién resulta más familiar para las autoridades.
CASO 2<
4. Ambato e Izamba: preguntas sobre la atención policial tras un siniestro
La denunciante también ha referido un episodio ocurrido en 2023 en el sector de Izamba, Ambato, relacionado con una colisión que, según su versión, habría involucrado a un conductor bajo los efectos del alcohol. Sostiene que se solicitó ayuda mediante el sistema de emergencias y que la llegada de la Policía habría tardado cerca de una hora. Asimismo, afirma que no se habría practicado una prueba de alcoholemia al conductor involucrado y que se les habría indicado que ambos vehículos serían trasladados y que debían asumir determinados gastos.
e
Verificación y análisis institucional
Corresponde verificar la fecha exacta, las circunstancias del siniestro, los registros de la llamada al ECU 911, la hora de despacho y llegada de las unidades, el parte policial y las actuaciones realizadas en el lugar. Solo con esos elementos podría determinarse si existieron demoras injustificadas, omisiones o decisiones contrarias al procedimiento aplicable.
No sería responsable concluir, únicamente a partir del relato, que hubo una infracción policial. Sí es legítimo plantear que los ciudadanos tienen derecho a que sus solicitudes de auxilio sean atendidas de manera oportuna y a que las actuaciones posteriores puedan ser revisadas cuando existen dudas razonables sobre su cumplimiento.
La pregunta institucional es concreta: ¿qué registros existen sobre la atención de este incidente y qué explicación documentada puede ofrecerse acerca de las decisiones adoptadas?
Corresponde verificar la fecha exacta, las circunstancias del siniestro, los registros de la llamada al ECU 911, la hora de despacho y llegada de las unidades, el parte policial y las actuaciones realizadas en el lugar. Solo con esos elementos podría determinarse si existieron demoras injustificadas, omisiones o decisiones contrarias al procedimiento aplicable.
No sería responsable concluir, únicamente a partir del relato, que hubo una infracción policial. Sí es legítimo plantear que los ciudadanos tienen derecho a que sus solicitudes de auxilio sean atendidas de manera oportuna y a que las actuaciones posteriores puedan ser revisadas cuando existen dudas razonables sobre su cumplimiento.
La pregunta institucional es concreta: ¿qué registros existen sobre la atención de este incidente y qué explicación documentada puede ofrecerse acerca de las decisiones adoptadas?
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Patate: el episodio denunciado en Los Andes
Corresponde verificar la fecha exacta, las circunstancias del siniestro, los registros de la llamada a emergency services, la hora de despacho y llegada de las unidades, el parte policial y las actuaciones realizadas en el lugar. Solo con esos elementos podría determinarse si existieron demoras injustificadas, omisiones o decisiones contrarias al procedimiento aplicable.
No sería responsable concluir, únicamente a partir del relato, que hubo una infracción policial. Sí es legítimo plantear que los ciudadanos tienen derecho a que sus solicitudes de auxilio sean atendidas de manera oportuna y a que las actuaciones posteriores puedan ser revisadas cuando existen dudas razonables sobre su cumplimiento.
La pregunta institucional es concreta: ¿qué registros existen sobre la atención de este incidente y qué explicación documentada puede ofrecerse acerca de las decisiones adoptadas?
Patate: el episodio denunciado en Los Andes
Antecedente: 31 de Diciembre de 2024
Otro antecedente que la denunciante considera relevante se refiere al 31 de diciembre de 2024, en el sector Los Andes, cantón Patate. Según su relato, mientras se encontraba dentro de un vehículo, varias personas habrían exigido dinero para las celebraciones de la localidad y se habría producido una agresión física. La calificación jurídica de lo sucedido depende de la verificación de los hechos y de las pruebas disponibles; no corresponde anticiparla en un reportaje.
Niño de seis años en moto de carrera en vía pública con venia de sus progenitores
Si los videos fueron puestos en conocimiento de las autoridades, resulta pertinente verificar si se preservaron los archivos originales, si se identificó a las personas que aparecen en ellos, si se recabaron testimonios y si se documentaron las lesiones o daños alegados.
Una celebración comunitaria, una costumbre local o una petición de colaboración económica nunca justifican por sí mismas el uso de la violencia. Del mismo modo, la investigación debe respetar las garantías de todas las personas involucradas y determinar, con base en pruebas, qué ocurrió y quiénes tuvieron responsabilidad, si la hubo. El Estado no puede sustituir una investigación por rumores ni una valoración de los hechos por la simple aceptación de una versión. Debe esclarecerlos con imparcialidad.
Pelileo: la investigación que concentra las preocupaciones actuales
Registro de Proceso Judicial
Juicio No. 18332202601316
La situación más reciente está vinculada con las actuaciones judiciales asociadas a una solicitud de archivo de investigación. Según la información proporcionada, la denunciante presentó su denuncia el 11 de abril de 2026 y entregó material audiovisual que considera relevante para esclarecer los hechos atribuidos a Henry Cevallos Freire y a su conviviente.
Entre los comportamientos que afirma haber denunciado figuran presuntas agresiones físicas y verbales, amenazas, fotografías o grabaciones de su vivienda, conductas reiteradas que interpreta como hostigamiento y el uso de una motocicleta tipo motocross en una vía pública de manera que, según sostiene, habría contribuido a intimidarla. También ha expresado preocupación por la supuesta presencia de un niño de seis años en esa motocicleta en una vía pública.
La denunciante sostiene que los episodios se produjeron en un contexto de temor e incertidumbre, y que las actuaciones institucionales no habrían ofrecido una respuesta suficiente para disiparlos. También cuestiona que se haya solicitado el archivo de la investigación pese a la existencia de videos que, según afirma, no habrían recibido una valoración adecuada.
Distinción Fundamental de Criterios Colectivos
Otro antecedente que la denunciante considera relevante se refiere al 31 de diciembre de 2024, en el sector Los Andes, cantón Patate.
Según su relato, mientras se encontraba dentro de un vehículo, varias personas habrían exigido dinero para las celebraciones de la localidad y se habría producido una agresión física. La calificación jurídica de lo sucedido depende de la verificación de los hechos y de las pruebas disponibles; no corresponde anticiparla en un reportaje.
Una celebración comunitaria, una costumbre local o una petición de colaboración económica nunca justifican por sí mismas el uso de la violencia. Del mismo modo, la investigación debe respetar las garantías de todas las personas involucradas y determinar, con base en pruebas, qué ocurrió y quiénes tuvieron responsabilidad, si la hubo.El Estado no puede sustituir una investigación por rumores ni una valoración de los hechos por la simple aceptación de una versión. Debe esclarecerlos con imparcialidad.
Corresponde verificar la fecha exacta, las circunstancias del siniestro, los registros de la llamada a emergency services, la hora de despacho y llegada de las unidades, el parte policial y las actuaciones realizadas en el lugar. Solo con esos elementos podría determinarse si existieron demoras injustificadas, omisiones o decisiones contrarias al procedimiento aplicable.
No sería responsable concluir, únicamente a partir del relato, que hubo una infracción policial. Sí es legítimo plantear que los ciudadanos tienen derecho a que sus solicitudes de auxilio sean atendidas de manera oportuna y a que las actuaciones posteriores puedan ser revisadas cuando existen dudas razonables sobre su cumplimiento.
La pregunta institucional es concreta: ¿qué registros existen sobre la atención de este incidente y qué explicación documentada puede ofrecerse acerca de las decisiones adoptadas?
Patate: el episodio denunciado en Los Andes
Antecedente bajo análisis: 31 de diciembre de 2024
Otro antecedente que la denunciante considera relevante se refiere al 31 de diciembre de 2024, en el sector Los Andes, cantón Patate. Según su relato, mientras se encontraba dentro de un vehículo, varias personas habrían exigido dinero para las celebraciones de la localidad y se habría producido una agresión física. La calificación jurídica de lo sucedido depende de la verificación de los hechos y de las pruebas disponibles; no corresponde anticiparla en un reportaje.
Si los videos fueron puestos en conocimiento de las autoridades, resulta pertinente verificar si se preservaron los archivos originales, si se identificó a las personas que aparecen en ellos, si se recabaron testimonios y si se documentaron las lesiones o daños alegados.
Una celebración comunitaria, una costumbre local o una petición de colaboración económica nunca justifican por sí mismas el uso de la violencia. Del mismo modo, la investigación debe respetar las garantías de todas las personas involucradas y determinar, con base en pruebas, qué ocurrió y quiénes tuvieron responsabilidad, si la hubo. El Estado no puede sustituir una investigación por rumores ni una valoración de los hechos por la simple aceptación de una versión. Debe esclarecerlos con imparcialidad.
Pelileo: la investigación que concentra las preocupaciones actuales
Expediente de Control Judicial
Juicio No. 18332202601316
La situación más reciente está vinculada con las actuaciones judiciales asociadas a una solicitud de archivo de investigación. La denunciante presentó su denuncia el 11 de abril de 2026 y entregó material audiovisual que considera relevante para esclarecer los hechos atribuidos a Henry Cevallos Freire y a su conviviente.
Entre los comportamientos que afirma haber denunciado figuran presuntas agresiones físicas y verbales, amenazas, fotografías o grabaciones de su vivienda, conductas reiteradas que interpreta como hostigamiento y el uso de una motocicleta tipo motocross en una vía pública de manera que, según sostiene, habría contribuido a intimidarla. También ha expresado preocupación por la supuesta presencia de un niño de seis años en esa motocicleta en una vía pública.
La verificación de cada hecho exige identificar fechas, lugares, personas presentes, registros originales y demás elementos de convicción. En particular, cualquier referencia a un menor de edad debe tratarse con especial prudencia, protegiendo su identidad y evitando exponerlo innecesariamente.
La denunciante sostiene que los episodios se produjeron en un contexto de temor e incertidumbre, y que las actuaciones institucionales no habrían ofrecido una respuesta suficiente para disiparlos. También cuestiona que se haya solicitado el archivo de la investigación pese a la existencia de videos que, según afirma, no habrían recibido una valoración adecuada.
Criterio Evaluativo Bifurcado
Es fundamental distinguir dos cuestiones procesales diferenciadas:
- Acreditación de Hechos: Determinar si las pruebas efectivamente respaldan los hechos denunciados, lo cual corresponde establecer formalmente mediante una investigación legal y objetiva.
- Debida Diligencia Institucional: Examinar si las autoridades practicaron las diligencias pertinentes antes de considerar que no existían elementos suficientes para continuar, evaluable a partir de la motivación jurídica del archivo.
Análisis de Garantías Constitucionales de la República
Artículo 11, numeral 2: Igualdad y no discriminación
La Constitución reconoce la igualdad de las personas y prohíbe la discriminación por diversos motivos, entre ellos el origen nacional o social y otras condiciones personales.
Si una persona sostiene que ha recibido un trato desfavorable por su procedencia regional, su denuncia merece una evaluation objetiva. Es necesario identificar los actos concretos, las expresiones, los contextos y los posibles efectos, sin convertir una percepción en una conclusión definitiva ni descartar el relato por prejuicios. La igualdad ante la ley exige que las denuncias sean atendidas según sus circunstancias y méritos, no según la procedencia geográfica, las relaciones personales o la pertenencia a una comunidad.
Artículo 66: Derechos de libertad e integridad
La Constitución reconoce derechos vinculados con la integridad personal, la vida libre de violencia y la intimidad personal y familiar, entre otras libertades.
Cuando se alegan agresiones, amenazas, intimidaciones o conductas invasivas de la privacidad, corresponde determinar cuáles de estos derechos podrían estar comprometidos y qué medidas resultan jurídicamente procedentes. No todo comportamiento molesto constituye delito, pero tampoco todo conflicto debe minimizarse antes de examinar sus características. La valoración debe ser individualizada, basada en los hechos y realizada por las autoridades competentes.
Artículo 75: Tutela judicial efectiva
El artículo 75 garantiza el acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses, con sujeción a los principios constitucionales, incluida la prohibición de indefensión.
La tutela efectiva no significa que toda denuncia deba terminar en una acusación o condena. Significa que las personas deben tener acceso a un procedimiento en el que sus peticiones sean tramitadas de acuerdo con la ley y reciban las respuestas que correspondan. En el caso aquí expuesto, la pregunta es si las actuaciones relevantes —incluida la oposición al archivo— serán examinadas de manera efectiva y si las decisiones se emitirán con la motivación exigida por el ordenamiento jurídico.
Artículo 76: Debido proceso y motivación
El debido proceso obliga a respetar las garantías que correspondan en cada actuación. La motivación, en particular, permite conocer las razones de una decisión y examinar si se sustenta en las normas aplicables y en los hechos relevantes.
La crítica institucional debe centrarse en lo verificable: si una decisión omite responder argumentos esenciales, si carece de fundamentos suficientes o si no considera elementos pertinentes, la parte interesada puede solicitar que se revise mediante los mecanismos legales procedentes. No sería correcto calificar una decisión de ilegal únicamente porque resulta desfavorable para una de las partes. Su evaluación requiere estudiar el contenido íntegro, el expediente y las normas aplicables.
Artículo 78: Derechos de las víctimas
El artículo 78 establece garantías para las víctimas de infracciones penales, incluida la protección especial y la prevención de la revictimización, así como otros mecanismos de reparación previstos por la Constitución y la ley.
Estas garantías deben traducirse en actuaciones concretas, dentro de los requisitos legales: información comprensible sobre el trámite, consideración de los riesgos comunicados, tratamiento respetuoso y evaluación de las medidas de protección que resulten procedentes. La protección de la víctima no supone eliminar las garantías de la persona investigada. Supone que el Estado atienda ambos conjuntos de derechos sin convertir la presunción de inocencia en una razón para ignorar a quien denuncia.
Artículo 82: Seguridad jurídica
La seguridad jurídica exige respeto a la Constitución, existencia de normas previas, claras y públicas, y aplicación por autoridades competentes.
Para una persona que participa en un procedimiento, esa garantía también se relaciona con la posibilidad de conocer qué decisión se adoptó, bajo qué norma y por qué razón. La incertidumbre administrativa prolongada, las comunicaciones defectuosas o la falta de claridad sobre las actuaciones pueden debilitar la confianza en la institución, aunque cada situación debe examinarse de acuerdo con sus circunstancias.
La investigación no es una obligación de aceptar toda versión como verdadera. Es el deber de actuar dentro de la ley, con objetividad, y determinar si existen elementos suficientes para continuar, formular cargos o solicitar el archivo, según proceda. Cuando se alega que existían videos u otros elementos relevantes, la revisión debe identificar si fueron entregados, incorporados, examinados y valorados en la medida pertinente. La respuesta debe provenir del expediente y de la motivación de las decisiones, no de una presunción de culpabilidad ni de una presunción de que la investigación fue necesariamente correcta.
El Código Orgánico Integral Penal establece principios procesales y regula la investigación previa, los requisitos para formular cargos y el trámite del archivo. El artículo 5 recoge principios rectores del proceso penal, incluido el de objetividad. Este principio exige que la actuación fiscal no se limite a buscar elementos que confirmen una sola hipótesis, sino que se conduzca conforme a la ley y valore los elementos relevantes en el marco de sus competencias.
Los artículos 586 y 587 regulan, respectivamente, los supuestos y el trámite de archivo de la investigación previa. Su aplicación exige atender a las circunstancias del caso, a los elementos disponibles y a las garantías de los sujetos procesales.
Los artículos 1 y 2 establecen obligaciones estatales de respeto, garantía y adecuación normativa de los derechos reconocidos en la Convención. El artículo 8 reconoce garantías judiciales, mientras que los artículos 24 y 25 contemplan la igualdad ante la ley y el derecho a la protección judicial.
Estas disposiciones no convierten toda demerora, desacuerdo procesal o decisión desfavorable en una violación internacional. Sin embargo, sí proporcionan estándares relevantes para evaluar si el Estado ha actuado de manera compatible con sus obligaciones de garantizar derechos y ofrecer recursos efectivos. En un caso como el que se expone, el análisis debe considerar las actuaciones concretas, la naturaleza de los hechos denunciados, la diligencia desplegada, el acceso a los mecanismos de reclamación y la existencia de respuestas fundamentadas.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece, en su artículo 2, obligaciones de respeto y garantía de los derechos reconocidos en el instrumento, sin discriminación.
Su artículo 14 contempla garantías de igualdad ante los tribunales y de debido proceso, mientras que el artículo 26 reconoce la igualdad ante la ley y la protección contra la discriminación.
Estos estándares refuerzan una exigencia esencial: la respuesta de las instituciones no debe estar condicionada por prejuicios, y las actuaciones deben desarrollarse con respeto a las garantías aplicables.
La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge principios fundamentales de dignidad, igualdad, no discriminación y acceso a recursos efectivos frente a vulneraciones de derechos.
Aunque la aplicación jurídica concreta de cada disposición depende del instrumento, del sistema normativo y de las circunstancias del caso, la Declaración constituye un referente internacional esencial para comprender que la justicia y la protección de la persona no son concesiones discrecionales de la autoridad.
Artículo 195: Función constitucional de la Fiscalía
¿Qué significa todo esto en la práctica?
Significa que el análisis no debe quedarse en una lista de artículos legales. Debe traducirse en preguntas comprobables:
- ¿Se recibió y registró adecuadamente la denuncia?
- ¿Se incorporaron los elementos aportados?
- ¿Se practicaron las diligencias pertinentes o se explicaron las razones legales para no hacerlo?
- ¿Se evaluaron las solicitudes de protección conforme a los requisitos aplicables?
- ¿Se notificaron las actuaciones de manera correcta?
- ¿Se respondió a los argumentos relevantes presentados por la denunciante?
- ¿Se adoptaron las decisiones dentro del marco legal y con la motivación exigible?
Estas preguntas permiten pasar de la indignación a la rendición de cuentas.
La perspectiva católica: verdad, justicia, dignidad y misericordia
Para Theios Parrhesía, la denuncia pública también debe entenderse desde una visión cristiana católica. No se trata de utilizar la fe como instrumento para condenar a personas concretas ni para reemplazar el trabajo de jueces y fiscales. Se trata de recordar el fundamento moral que debería orientar la convivencia y el ejercicio de la autoridad.
La tradición cristiana afirma la dignidad de cada persona, incluso cuando existe un conflicto. Quien denuncia merece ser escuchado con respeto; quien es señalado conserva el derecho a la presunción de inocencia; y quien ejerce una función pública tiene el deber de actuar con justicia, prudencia y responsabilidad.
El Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente en los numerales 1928 a 1930, relaciona la justicia social con el respeto a la dignidad humana y con la protección de los derechos que derivan de esa dignidad.
La justicia, desde esta perspectiva, no consiste en dar la razón automáticamente al más vulnerable ni en aceptar sin examen una acusación. Consiste en reconocer la dignidad de todos, escuchar con seriedad, buscar la verdad y no permitir que el poder, el prejuicio o la indiferencia sustituyan la aplicación justa de la ley.
La verdad no teme a una investigación imparcial
La tradición cristiana valora la verdad como condición de una convivencia justa. Por eso, una denuncia debe ser investigada, las pruebas deben examinarse y las conclusiones deben apoyarse en hechos verificables.
No es compatible con una ética cristiana utilizar la denuncia para difamar o promover una condena anticipada. Tampoco lo es desatender a una persona que pide ayuda, ridiculizar su temor o ignorar deliberadamente elementos relevantes que podrían contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.
La verdad no se protege silenciando preguntas. Se protege mediante una investigación seria y una decisión fundada.
La justicia como responsabilidad de la autoridad
La autoridad pública no es propietaria de los derechos de los ciudadanos. Su función consiste en ejercer las competencias que le han sido confiadas conforme a la ley y al servicio del bien común.
La Doctrina Social de la Iglesia destaca la dignidad de la persona humana, la solidaridad y el bien común como principios fundamentales de la vida social. Desde esta perspectiva, una institución justa debe ser accesible, responsable y capaz de corregir errores cuando se comprueban.
La imparcialidad no significa indiferencia frente al sufrimiento. Significa no prejuzgar, pero tampoco abandonar a quien solicita una respuesta legítima.
La misericordia no sustituye a la justicia
El perdón cristiano es una virtud espiritual; no debe convertirse en una exigencia impuesta a las víctimas para que renuncien a sus derechos o acepten una situación de riesgo. La reconciliación auténtica requiere verdad, responsabilidad y respeto.
Una persona puede buscar justicia sin desear venganza. Puede pedir que se investiguen hechos sin odiar a quienes señala. Puede exigir protección sin renunciar a la misericordia.
Y una institución puede actuar con firmeza sin humillar a nadie, aplicando la ley sin prejuicios y ofreciendo respuestas transparentes.
Amar al prójimo también significa proteger su dignidad
La enseñanza evangélica invita a reconocer al prójimo en toda persona. Esa obligación moral se extiende a quien vive lejos de su lugar de origen, a quien no comparte las costumbres de una comunidad y a quien llega a una localidad buscando construir una vida digna.
Nadie debería tener que demostrar que merece respeto por su lugar de nacimiento, su acento, su situación económica o sus relaciones sociales.
La justicia cristiana no autoriza a condenar anticipadamente a los denunciados. Pero tampoco permite que el dolor de quien denuncia sea tratado como algo irrelevante. Exige prudencia, compasión, verdad y responsabilidad.
La responsabilidad institucional: investigar, proteger y rendir cuentas
La denunciante ha expresado desconfianza hacia la respuesta recibida de determinadas instancias locales y provinciales. Esa percepción merece ser documentada y canalizada mediante los procedimientos correspondientes.
No sería responsable afirmar, sin pruebas suficientes, que existe una conspiración, una red de protección a los denunciados o una actuación deliberada para perjudicar a la familia. Tampoco sería correcto presentar como hechos probados las motivaciones que la denunciante atribuye a funcionarios o particulares.
Lo que sí corresponde exigir es una revisión institucional basada en documentos.
En el ámbito fiscal, la Fiscalía General del Estado puede ser destinataria de una queja sobre la actuación de funcionarios fiscales y de una petición de revisión conforme a sus competencias. La queja debe identificar actuaciones concretas, fechas, comunicaciones, diligencias solicitadas y respuestas recibidas.
En cuanto a la conducta de los jueces, el análisis disciplinario corresponde a los órganos competentes del Consejo de la Judicatura, conforme al marco legal aplicable. Una decisión judicial que no satisface a una parte no constituye, por sí misma, una infracción disciplinaria. Si se cuestiona su legalidad, deben examinarse los mecanismos procesales pertinentes; si se alegan faltas disciplinarias, deben presentarse hechos específicos y elementos verificables ante la autoridad competente.
La Defensoría del Pueblo puede ser una vía para plantear preocupaciones relacionadas con derechos humanos dentro de sus atribuciones. La Defensoría Pública, por su parte, debe proporcionar asistencia jurídica en los términos que correspondan a la designación y al servicio prestado. En el caso descrito, la denunciante ha señalado que una abogada de la Defensoría Pública fue asignada, pero que no habría recibido el acompañamiento que esperaba desde el inicio. Esa situación debería aclararse directamente con la institución y con la profesional, mediante una solicitud escrita de información, coordinación y asesoría urgente.
Cada organismo tiene competencias distintas. La presentación de una queja administrativa no reemplaza una impugnación procesal, no modifica automáticamente una decisión judicial y no suspende por sí misma los plazos legales. Por ello, es importante que cualquier reclamación institucional se acompañe de asesoría jurídica sobre los términos que estén corriendo.
La respuesta pública que se necesita no es una declaración genérica de que todo se ha hecho correctamente. Es una revisión documentada de los hechos que se han señalado y una explicación clara de las decisiones adoptadas.
Qué debería revisarse de manera concreta
Para que la denuncia institucional tenga utilidad, Theios Parrhesía considera pertinente que las autoridades competentes, dentro de sus atribuciones, verifiquen los siguientes puntos:
Primero. La integridad del expediente. Confirmar qué denuncias, anexos, videos, escritos y solicitudes constan formalmente incorporados, y cuáles fueron recibidos por otros canales.
Segundo. La valoración de los elementos audiovisuales. Determinar si los archivos fueron examinados, si su contenido resulta pertinente y si existen diligencias adicionales legalmente justificadas para establecer su autenticidad, contexto y alcance.
Tercero. Las medidas de protección solicitadas. Verificar si se presentaron solicitudes formales, qué autoridad era competente, qué decisiones se adoptaron y si se comunicaron sus fundamentos. La procedencia de cada medida debe evaluarse con arreglo a la ley y a los riesgos identificados.
Cuarto. El requerimiento de archivo. Examinar su fundamento legal, las diligencias practicadas, los elementos considerados y la respuesta a la oposición presentada por la denunciante. El análisis debe distinguir entre la insuficiencia probatoria legítimamente constatada y una eventual omisión de actuaciones relevantes.
Quinto. Las notificaciones. Revisar las direcciones electrónicas registradas, las comunicaciones enviadas y las constancias de recepción, y corregir los errores que se acrediten.
Sexto. La atención jurídica. Aclarar el estado de la designación de la defensa pública, los canales de comunicación disponibles y las posibilidades de obtener asesoría oportuna sobre los plazos y las actuaciones pendientes.
Séptimo. Las responsabilidades que eventualmente correspondan. Si la revisión identifica indicios concretos de una irregularidad, remitirlos a la autoridad competente para su análisis, respetando el derecho de defensa y el debido proceso de todos los involucrados.
Sí considera legítimo pedir que las denuncias sean examinadas con seriedad; que los elementos pertinentes se valoren de manera objetiva; que las decisiones sean motivadas; que las notificaciones se practiquen correctamente; que las solicitudes de protección reciban la respuesta que corresponda; y que las eventuales irregularidades, si se acreditan, sean investigadas por los órganos competentes.
La presunción de inocencia no puede utilizarse para descalificar a quien denuncia.
La denuncia pública responsable no exige condenas anticipadas. Exige que ninguna institución se considere exenta de dar explicaciones cuando existen preguntas legítimas sobre su actuación.
Conclusión: la dignidad humana no depende de la región ni de la influencia
La historia relatada por esta familia plantea un llamado que merece ser escuchado más allá de un expediente particular.
Si las agresiones denunciadas se acreditan, corresponde que se determinen las responsabilidades previstas por la ley. Si se comprueba que hubo omisiones institucionales, deben adoptarse las medidas correctivas y, cuando corresponda, establecerse las responsabilidades respectivas. Si una investigación debe archivarse conforme a derecho, esa decisión debe responder a los elementos del expediente y a los requisitos legales, no a prejuicios ni a una simple voluntad de cerrar el asunto.
Y si los hechos no pueden probarse, esa conclusión también debe alcanzarse mediante un procedimiento serio, imparcial y respetuoso de los derechos de todos.
La justicia no es venganza. La protección no es favoritismo. La presunción de inocencia no es indiferencia. Y la fe cristiana no exige silencio ante una posible injusticia: invita a buscar la verdad con caridad, a defender la dignidad humana y a actuar sin odio.
La ciudadanía tiene derecho a preguntar. Las instituciones tienen el deber de responder dentro de sus competencias. Y el sistema de justicia debe demostrar, mediante actuaciones verificables, que una denuncia será examinada con la seriedad que exige el Estado constitucional de derechos y justicia.
La pregunta final es sencilla, pero decisiva: cuando una persona acude al Estado y afirma que teme por su integridad, ¿puede obtener una respuesta clara, diligente, imparcial y fundamentada?
Esa respuesta no debe quedar en un eslogan institucional. Debe encontrarse en el expediente, en las diligencias practicadas, en las notificaciones correctas, en las decisiones motivadas y en la protección que legalmente corresponda.
Porque una sociedad que aspira a la justicia no debe esperar a que ocurra una tragedia para tomar en serio una advertencia. Debe escuchar, verificar y actuar conforme a la ley.
Y porque, desde la fe católica, la dignidad de cada persona —también la de quien denuncia, la de quien es denunciado y la de quien ejerce autoridad— exige verdad, justicia, prudencia y responsabilidad.
Nota editorial y de verificación
Este reportaje se elaboró a partir de los antecedentes, números de expedientes, fechas, direcciones electrónicas y enlaces facilitados por la denunciante. Antes de su publicación, se recomienda:
- Revisar el texto íntegro de las providencias y confirmar las fechas, en particular las actuaciones de 18 de agosto y 6 de octubre de 2026.
- Verificar los números de expediente y distinguir el caso No. 18332202601316 de los otros procedimientos mencionados en los antecedentes.
- Confirmar qué documentos y videos fueron formalmente presentados en cada investigación.
- Revisar los videos directamente y describir únicamente lo que efectivamente muestran.
- Solicitar, cuando sea viable, una respuesta a las instituciones y personas aludidas, incorporando sus observaciones pertinentes.
- Proteger los datos personales y la identidad de menores de edad y evitar divulgar información cuya publicación pueda afectar indebidamente un procedimiento en curso.
- Someter las referencias legales y la versión final a revisión jurídica antes de su difusión.
La publicación de este reportaje no constituye una determinación de responsabilidad penal ni disciplinaria. Las afirmaciones controvertidas deben verificarse por las autoridades competentes y mediante fuentes documentales fiables.
Referencias normativas y doctrinales
- Constitución de la República del Ecuador: artículos 11, 66, 75, 76, 78, 82 y 195, entre otras disposiciones que puedan resultar pertinentes.
- Código Orgánico Integral Penal: artículos 5, 586 y 587, sujetos al texto vigente y a la aplicación correspondiente al caso.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículos 1, 2, 8, 24 y 25.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: artículos 2, 14 y 26.
- Declaración Universal de Derechos Humanos: principios de dignidad, igualdad, no discriminación y acceso a recursos efectivos.
- Catecismo de la Iglesia Católica: numerales 1928–1930, relativos a la justicia social y al respeto de la dignidad humana.
- Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: principios de dignidad de la persona humana, bien común y solidaridad.
Fuentes oficiales para respaldar la versión publicada
Estas referencias pueden incorporarse en la versión web de Theios Parrhesía para que los lectores consulten los textos normativos directamente:
- Constitución ecuatoriana: Asamblea Nacional del Ecuador. También puede consultarse la versión alojada en la Biblioteca de la Defensoría Pública.
Asamblea Nacional del Ecuador
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- Código Orgánico Integral Penal: Texto del COIP disponible en VLex Ecuador. Para publicación, conviene contrastar los artículos citados con la versión oficial vigente.
vLex Ecuador
- Convención Americana sobre Derechos Humanos: Organización de los Estados Americanos.
OEA
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Covenants de Derechos Humanos
- Catecismo de la Iglesia Católica, justicia social: Vaticano — numerales 1928–1948.
Vaticano
- Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: Vaticano — principios de la Doctrina Social de la Iglesia.
Vaticano