📷 Registro documental de asedio institucional y hostigamiento comunitario:
Xenofobia Judicial: Evidencia gráfica capturada en la parroquia Emilio María Terán, cantón Santiago de Píllaro, que registra el asedio e intimidación perimetral ejecutado en contra del domicilio de los afectados en el barrio Hornopamba. En la escena se identifica plenamente al ciudadano Ángel Omar Pérez Jácome (ex-vocal del GAD Parroquial) apuntando con un dispositivo de grabación, actuando en flagrante connivencia con moradores del sector y efectivos uniformados de la Policía Nacional de Píllaro (quienes se observan en el flanco perimetral). Conforme consta en las bitácoras y registros de cargo audiovisuales, la fuerza pública omitió el cese de las hostilidades y procedió a la revictimización secundaria de los denunciantes, coaccionándolos a una sumisión comunal bajo la falsa e ilegal aseveración de que eran las víctimas quienes «buscaban problemas», pese a que el núcleo familiar agredido se mantuvo en todo momento resguardado y pacífico dentro de su propiedad privada. (Link del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=RKVBjrjsSls)
THEIOS PARRHESÍA — FILIAL IJ ALLIANCE
Periodismo Católico, Independiente, Responsable y Transformacional
«Busca soluciones, cambia corazones»
El imperio de la impunidad en la sierra centro: Fraude procesal, odio regionalista y el colapso moral del aparato judicial
«No maltratarás al forastero, ni lo oprimirás, porque forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto.»
— Éxodo 22, 21 (Biblia Católica de Monseñor Juan Straubinger)
«¡Ay de los que decretan estatutos inicuos, y de los escribanos que escriben injusticia, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar su derecho a los afligidos de mi pueblo…!»
— Isaías 10, 1-2 (Biblia Católica de Monseñor Juan Straubinger)
Preámbulo: El destierro forzado ante un Estado cómplice
La adquisición de un hogar mediante el fruto del trabajo honesto, las lágrimas y el sacrificio legítimo de una familia no puede constituir en el Ecuador del siglo XXI una condena al destierro. Sin embargo, en las provincias de la Sierra Centro —Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo— el derecho constitucional a la libre movilidad y a una vivienda digna se encuentra secuestrado por un regionalismo recalcitrante. Bajo el amparo de consignas de exclusión comunitaria e informalidad como “aquí ustedes hacen lo que nosotros decimos porque nuestros ancestros eran dueños de estas tierras”, se ejecuta un silencioso y sistemático proceso de persecución y hostigamiento contra ciudadanos foráneos (costeños).
La faceta más alarmante de esta crisis humanitaria e institucional no radica únicamente en la belicosidad o el salvajismo de estructuras locales; reside en la corrupción corporativa, el fraude procesal, el sabotaje informático y la inercia deliberada del aparato judicial y de la fuerza pública. Los operadores de justicia, llamados por mandato constitucional a defender los Derechos Humanos, actúan como protectores de los agresores mediante el archivo express de las causas, la dispersión de evidencias y la revictimización de los denunciantes.
Desde la trinchera del periodismo cristiano, responsable y transformacional, Theios Parrhesía rompe el silencio institucional de la región e instrumenta esta investigación amplia y definitiva. No litigamos por una causa aislada; desnudamos el modus operandi de una red de desidia estatal que despoja al ciudadano de su seguridad jurídica, destruye el entorno psicológico de los niños y pisotea tanto la ley de los hombres como los mandamientos de Dios.
I. El Caso Píllaro: Radiografía del fraude registral y la degradación delictiva
El expediente acumulado bajo la causa penal No. 180801824070017 en el cantón Santiago de Píllaro devela de forma irrefutable cómo la Fiscalía General del Estado fabrica la impunidad. Tras más de dos años de supuesta indagación por el delito de Actos de Odio (Art. 177 del COIP), el Fiscal de Soluciones Rápidas 1, Carlos Alfredo Noboa Romero, emitió el 27 de octubre de 2026 un cínico requerimiento de archivo definitivo alegando de forma arbitraria que «no se han obtenido elementos suficientes de convicción».
El análisis técnico de los propios autos oficiales demuestra que la falta de elementos es el resultado directo de una huelga de brazos caídos de los investigadores. El expediente cuenta únicamente con un Oficio (No. 0134-2024-PJT-P) y un Informe preliminar emitidos el 17 de julio de 2024 por el agente de la Policía Judicial, Cbop. Luis Gustavo Larcos Tibán. Durante los siguientes 24 meses, la Fiscalía congeló el proceso de forma intencional para provocar la caducidad preclusiva de los plazos.
Maniobras delictivas coordinadas para consumar el archivo:
- Sabotaje Tecnológico Inducido: Al pretender ingresar los escritos de contradicción y oposición los días 26 y 27 de octubre de 2026, los servidores de correo electrónico institucionales de la Judicatura local (unidad.pillaro@funcionjudicial.gob.ec y tungurahua.cj@funcionjudicial.gob.ec) fueron desactivados de forma premeditada, generando rebotes informáticos automatizados (NoSuchUser – Error 550 5.1.1) para forzar la caducidad de los términos legales de las víctimas.
- Ilegalidad Procesal Absoluta en Casilleros: El Cbop. Luis Gustavo Larcos Tibán, actuando bajo orden fiscal, notificó citaciones penales e interacciones del Estado utilizando una cuenta de correo electrónico comercial estrictamente privada: luisgustavo_larcos@yahoo.es. Esta flagrante ilegalidad vició el proceso de nulidad absoluta desde su origen, al procesarse información de Derechos Humanos fuera de los servidores del Estado.
- Degradación Delictiva y Doble Identidad Registral: En la providencia de archivo, el Fiscal Noboa Romero alteró de forma negligente el dígito «6» por el «7» en el código de expediente (registrando el No. 180801824060017) para bloquear la indexación de la defensa. Asimismo, degradó unilateralmente la materia: mientras en actas anteriores firmaba bajo la «Fiscalía de Personas y Garantías 1» (competente para delitos graves de Odio), en la providencia final firmó bajo «Soluciones Rápidas 1», mutando el caso al delito menor de Intimidación para invisibilizar el uso de machetes y el ventanal destruido.
La indefensión radical se cerró de forma corporativa a través de la Defensoría Pública de Píllaro, donde el sistema SIAF indexó formalmente el nombre de la Abg. Gladys Chimborazo. La servidora jamás notificó su designación a las víctimas y nunca entabló contacto.
Para evadir su responsabilidad disciplinaria ante la queja formal elevada a Quito, la referida abogada remitió un oficio admitiendo de forma escandalosa el desorden fiscal: adjuntó memorandos oficiales del año 2025 donde la Dirección Provincial de la Defensoría Pública le exigía expresamente a la Fiscalía que dejara de enviarle notificaciones a su correo personal por haber cesado en la coordinación de víctimas, ordenando redirigir las causas de Píllaro al correo misional `180113@defensoria.gob.ec`. El Fiscal Noboa ignoró estas directrices para mantener a las víctimas sin patrocinio real y acelerar el descarte del caso.
II. La logística del acoso y el ataque material en Hornopamba
La inacción fiscal carece de todo sustento técnico, toda vez que las víctimas proveyeron la identificación plena, documentos de identificación y registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) de los vehículos utilizados de forma sistemática para generar asedio acústico perimetral mediante megáfonos, insultos regionalistas de vecinos en estado etílico y bloqueos maliciosos al parqueadero privado de la vivienda en la parroquia Emilio María Terán, barrio Hornopamba:
| Placa / Vehículo | Propietario Registral (SRI) | Detalle del Uso / Estado |
|---|---|---|
| TAA6446 Camioneta FOTON |
SAQUINGA TITUAÑA CARLOS MILTON RUC: 1802399509001 |
Utilizada para perifoneo intimidatorio extenuante. |
| HBB9829 Camioneta CHEVROLET D-MAX |
QUINALUISA CHICAIZA DIEGO FERNANDO RUC: 1803978947001 |
Conductor del cantón Patate involucrado en el hostigamiento. |
| TBK3901 Automóvil CHEVROLET ONIX |
MAZAQUIZA MOPOSITA JÉSSICA MARIELA C.I. 180442124-4 |
Matriculado a nombre de la investigada directa. |
| PBN6141 Camioneta TOYOTA HILUX |
MASAQUIZA TIPAN SEGUNDO FRANCISCO SANTOS C.I. 180174165-1 |
Vehículo plenamente identificado en las actas de asedio. |
| XBA7463 Camioneta MAZDA BT-50 |
CHILIQUINGA CHICAIZA WILLIAM ALFREDO RUC: 1804649950001 |
Estado registral Pasivo por Fallecimiento. |
A estas agresiones logísticas se sumaron los ataques directos ejecutados por menores de edad azuzados por sus progenitores (las familias Mazaquiza, Moposita y Velasco), quienes bajo consignas explícitas de xenofobia interna procedieron al ataque material contra nuestro domicilio, destruyendo formalmente y quebrando el ventanal de nuestra vivienda, hecho del cual ninguna autoridad local exigió reparación ni responsabilidad.
El ensañamiento comunitario incluyó el adiestramiento de niños para fabricar falsedades procesales. Durante una inspección ocular de la Fiscalía, los moradores comparecieron en masa para declarar de forma mendaz que la suscrita les arrojaba agua desde la terraza, enviando a un menor de edad que yo jamás había visto en mi vida a testificar que debió cambiarse de ropa. Los propios agentes policiales desmintieron el burdo engaño en el acto al constatar que el niño se encontraba completamente seco, advirtiendo a la turba que las víctimas aportaban links y videos reales en su canal de YouTube, mientras ellos carecían de pruebas.
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Este reportaje especial documenta de forma íntegra el patrón de agresión institucionalizado en la región. Un ejemplo irrefutable ocurrió en Emilio María Terán, donde tras el impacto de un conductor menor de edad contra el portón de la vivienda de los afectados en pleno Día de la Madre, los operadores de emergencia no solo dilataron el auxilio, sino que increparon con prepotencia el libre ejercicio de la prensa y pretendieron normalizar la infracción forzando un acuerdo informal extralegal para encubrir el delito.
En otra ocasión, la Fiscalía omisionó procesar el atentado ejecutado por un vecino colindante, quien en evidente estado etílico y realizando sus necesidades biológicas (orinando) al pie de su vehículo en la calle, procedió a amenazar de muerte e insultar de forma violenta a mi esposo y a mi persona. El incidente se desató cuando arrojé agua exclusivamente sobre el techo de mi predio para ahuyentar a un perro agresivo que pretendía ingresar a ensuciar; saliendo con el pantalón a medio subir, el ciudadano profirió insultos regionalistas denigrantes, amenazas y amedrentamiento que constan plenamente registrados en video, evidencias que la Fiscalía de Píllaro se negó a tramitar.
III. La conexión con la corrupción gremial: El caso Pérez Jácome
El asedio inmobiliario y el odio regional en Píllaro responden a un entramado de engaño civil liderado por el investigado ÁNGEL OMAR PÉREZ JÁCOME, ex-vocal del GAD Parroquial de Emilio María Terán. Este ciudadano, cuyo único registro oficial en educación superior ante la SENESCYT es el título de tecnólogo, incurre de forma sistemática en el presunto delito de falsedad y usurpación de calidad, al promocionarse públicamente, firmar documentos institucionales e impartir seminarios de capacitación bajo el grado académico fraudulento de «Magíster» en bienes raíces.
Esta simulación profesional e ilegal se ejecuta bajo la abierta tolerancia, venia y presunta complicidad de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces (ACBIR Tungurahua). El uso de este título falso ha sido el mecanismo utilizado para amedrentar a ciudadanos foráneos, simular un respaldo jurídico inexistente y dar apariencia de legalidad a transacciones de corretaje inmobiliario irregulares; una línea de investigación medular que la Fiscalía de Píllaro decidió archivar deliberadamente.
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Una profunda reflexión jurídica, social y cristiana sobre la actividad de intermediación, la exigencia de adelantos económicos irregulares y las implicaciones penales del delito de estafa en el territorio nacional.
IV. El patrón de impunidad transversal: alausí, Pelileo, pujilí y Cuenca
Ante las amenazas y la inacción de las autoridades, nuestro núcleo familiar se vio obligado a consolidar un desplazamiento forzado interno en febrero de 2025, vendiendo apresuradamente nuestra propiedad en Emilio María Terán para salvaguardar la vida de nuestro hijo, quien a sus 10 años de edad ha vivido un menoscabo psicológico severo y prolongado por el entorno de violencia al que fue expuesto.
Posteriormente la migración se repitió a Riobamba, a Ambato hasta llegar a Píllaro. Tras las denuncias y nula acción de la fiscalía y omisiones policiales, la familia emigró hacia Pujilí, Cotopaxi, donde se replicó el patrón de abuso, alcoholismo, fiestas escandalosas y violencia sistemática, regionalismo y xenofobia. Posteriormente hacia una zona rural de la parroquia Huambaló en el cantón Pelileo (Tungurahua) en 2026, demostró que la desidia estatal es una política institucionalizada en el país.
En Cuenca, al inscribir virtualmente a mi hijo en la Unidad Educativa Novus High School (CORNATEC Cía. Ltda.), el menor sufrió segregación por su origen costeño y su fe católica tradicional. El quiebre ocurrió al denunciar una falta muy grave (Art. 343 LOEI) en clases de Zoom, donde la docente Gabriela Luzardo expuso a los niños a la presencia de un hombre desnudo. Al denunciarlo judicialmente (Causa Nro. 010101825110862), el promotor Paúl Andrés Calle Moreira —quien ejercía ilegalmente como Magíster sin títulos registrados en la SENESCYT— nos extorsionó y amenazó reteniendo el expediente académico del niño, mientras la Defensoría del Pueblo del Azuay y la Coordinación zonal de Educación de Azuay se lavaron las manos declarando una Providencia de Inadmisibilidad el 18 de noviembre de 2025, obligándonos al exilio educativo virtual de mi hijo en la Academia San Elías de Argentina.
Madre denuncia vulneración de derechos infantiles y exposición a contenido inmoral en institución educativa privada de Cuenca
Esta investigación especial destapa las graves irregularidades del plantel Novus High School de CORNATEC Cía. Ltda., donde se expuso a estudiantes de quinto de básica a material explícito inmoral en clases virtuales sincrónicas. El informe devela además el posterior ocultamiento administrativo y las prácticas extorsivas del promotor Paúl Calle Moreira, quien operaba atribuyéndose el grado fraudulento de Magíster sin registros oficiales en la SENESCYT, forzando el exilio educativo virtual del menor afectado hacia el exterior ante la inacción de la Defensoría del Pueblo del Azuay.
Actualmente, bajo el Juicio No. 18332202601316 en la Unidad Judicial Multicompetente de Pelileo ante el Juez Dr. Marco Vinicio Andrade Daquilema, enfrentamos otro requerimiento de archivo arbitrario. Denunciamos penalmente al ciudadano Henry David Cevallos Freire (placa HBB-3411) por los delitos de Lesiones e Intimidación. El sujeto utiliza las vías públicas agrícolas de Huambaló como pista ilegal de motocross, permitiendo de manera negligente que su hijo de seis años conduzca un vehículo motorizado de alta carrera, exponiéndolo al peligro. Al exigir el respeto a la tranquilidad, la cónyuge del infractor agredió físicamente a la suscrita bajo insultos regionalistas. La respuesta de la Policía de Pelileo fue la misma: el agente asignado al número 0967811238 omitió el auxilio y emitió llamadas de amenaza en mi contra, mientras los uniformados del sector normalizaban el delito catalogándolo de «costumbres de zonas rurales». El Fiscal de Violencia de Género de Pelileo, Roberto Carlos Vayas Valdez, ejecutó un fraude de tipificación, alegando que al no ser parientes consanguíneos no existe delito de acción pública, mientras el expediente es sometido a un permanente «peloteo» de competencias e inhibiciones con el cantón Patate para forzar la preclusión.
Pelileo: denuncia por menor en riesgo y violencia genera cuestionamientos a la actuación de Fiscalía
Esta cobertura de fondo expone las graves deficiencias procesales dentro del expediente fiscal número 180701826040031. El reporte devela cómo el aparataje judicial de Pelileo, en lugar de priorizar el interés superior de un menor de seis años expuesto a la conducción peligrosa de motocross en las vías públicas de Huambaló, desvió el enfoque investigativo ordenando valoraciones forenses restrictivas contra la parte denunciante, omitiendo dictar medidas cautelares efectivas frente a las agresiones físicas y la intimidación vecinal sufrida.
V. FundaMEntación jurídica nacional e internacional
Los operadores de la Función Judicial en Chimborazo, Tungurahua, Azuay y Cotopaxi violentan de forma flagrante el bloque de constitucionalidad:
- 1. Constitución de la República del Ecuador (CRE):
Art. 11.2 (prohibición de discriminación por origen geográfico); Art. 11.9 (responsabilidad de los servidores por omisión); Arts. 75 y 82 (garantía de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica); y Art. 44 (interés superior del niño). - 2. Código Orgánico Integral Penal (COIP):
Art. 177 (Actos de Odio), Art. 277 (Omisión de denunciar y proteger) y Art. 370 (Incumplimiento de deberes institucionales). - 3. Garantías Internacionales de Prensa:
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la CIDH protegen la labor de investigación de la suscrita. El uso de grabaciones audiovisuales constituye un ejercicio lícito de fiscalización periodística amparado por el Consejo de Regulación de la Comunicación (CDPIC), organismo que activó oficialmente el protocolo de amparo a mi favor bajo el trámite oficial 03DN-0FBKW0 el 25 de febrero de 2026.
VI. El veredicto divino: Fundamento moral y magisterial de la Iglesia
Frente al colapso de las instituciones humanas, la Doctrina Social de la Iglesia Católica y las Sagradas Escrituras emiten un dictamen inapelable contra los jueces corruptos y los perseguidores del inocente.
1. La Sentencia de la Sagrada Escritura (Biblia de Monseñor Juan Straubinger)
«No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al poderoso; con justicia juzgarás a tu prójimo.» (Levítico 19, 15).
«¡Ay de aquellos que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia!… Odian al que los reprende en la puerta, y abominan del que habla con la verdad.» (Amós 5, 7.10).
«Porque nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni secreto que no haya de ser conocido y salir a la luz.» (Lucas 8, 17).
2. El Magisterio de la Iglesia y los Documentos del Vaticano
Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) Num. 2237: «Las autoridades políticas están obligadas a respetar los derechos fundamentales de la persona humana.» El Catecismo establece que la denegación de justicia al forastero y la negligencia selectiva constituyen un pecado social que clama al cielo.
CIC Num. 2487 (Obligación de Restitución de la Honra): Toda falta cometida contra la justicia y la verdad impone el deber de reparación moral y material. Los funcionarios que levantan actas falsas o archivan pruebas cometen un pecado grave de falsedad ideológica.
Constitución Pastoral Gaudium et Spes (Concilio Vaticano II): El Vaticano condena de forma absoluta toda discriminación por motivos de raza, origen o condición social. Las estructuras judiciales que amparan el abuso comunitario bajo el membrete de «costumbre» destruyen la paz social y traicionan el diseño moral divino.
VII. Llamado a la acción: Nunca más xenofobia en el Ecuador
Este reportaje es un manifiesto de resistencia civil e internacional. El aparato fiscal de Píllaro y Pelileo ha pretendido silenciar a una familia costeña mediante el encierro burocrático, pero el rastro digital ha sido plenamente indexado bajo el expediente internacional de la Asociación Mundial de Periodistas con sede en Madrid.
Hacemos un llamado perentorio a la Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía General del Estado en Quito para que intervengan de forma inmediata las dependencias de Tungurahua. No se puede permitir que los servidores de la Función Judicial utilicen correos comerciales privados de Yahoo, desactiven los buzones informáticos del Estado y degraden los delitos graves para garantizar la impunidad de redes delictivas locales.
A la ciudadanía entera, a los miles de ecuatorianos foráneos y ciudadanos extranjeros —como dolorosamente ha ocurrido con familias venezolanas en la región— que viven situaciones de indefensión similares bajo el yugo de la sumisión comunitaria forzada, les decimos: la ley es una sola y el territorio nacional es indivisible. No callemos ante la revictimización; documentemos, fijemos las evidencias en video e involucremos a los organismos internacionales de Derechos Humanos.
Este escrito sienta un precedente histórico e indestructible para asegurar que NUNCA MÁS una familia en el Ecuador vuelva a sufrir persecución, hostigamiento, humillaciones y destierro por su condición geográfica de costeño o extranjero. La xenofobia estatal ecléctica e institucionalizada debe ser erradicada definitivamente. Si la justicia local está podrida por el arraigo y la corrupción, la verdad respaldada por el rastro tecnológico y la justicia divina internacional siempre romperá sus cadenas. La infamia caerá, porque como enseña la palabra de nuestro Señor: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.” (Mateo 5, 6).
¿Has sido víctima de indefensión, abuso o regionalismo? ¡Rompe el silencio!
Como parte del periodismo responsable y transformacional de Theios Parrhesía, abrimos este canal para dar voz a quienes el aparataje estatal pretende silenciar. La impunidad, la xenofobia institucionalizada y la desidia fiscal terminan únicamente cuando los ciudadanos nos unimos bajo el escudo de la verdad.
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«La verdad los hará libres» — Juan 8, 32