EL FARISEÍSMO HÍDRICO EN TUNGURAHUA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO: LA HIPOCRESÍA DE ADJUDICAR AGUA EN EL PAPEL MIENTRAS SE PROTEGE AL AGRESOR Y SE DESTRUYE LA CUENCA
La hipocresía fariseica de la Dirección Zonal 3 del Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) alcanza niveles escandalosos al contrastar su propaganda oficial con la realidad criminal que se vive en territorio. En sus publicaciones recientes difundidas en redes sociales, la entidad se jacta de que su «Unidad de Recursos Hídricos realizó una inspección técnica en el cantón Píllaro, como parte de los requisitos establecidos para los procesos de adjudicación de agua», posando con sonrisas fingidas en medio del páramo bajo etiquetas propagandísticas gubernamentales.
Esta puesta en escena constituye una farsa burocrática y un insulto a la inteligencia ciudadana. ¿De qué sirve simular rigor técnico para firmar papeles de «adjudicación de agua» en las montañas de Píllaro si la misma autoridad ambiental permite impunemente que se talen los bosques nativos, que se incendie la maleza en las laderas inestables y que se destruya la esponja hídrica que produce el líquido vital en las tres provincias donde debe ejercer la responsabilidad ambiental? Es el colmo del cinismo institucional repartir derechos de agua en el papel mientras se deja morir de sed a las parroquias y se tolera el envenenamiento masivo de las cuencas del Chambo, el Patate y el Pastaza.
Más grave aún es el doble rasero moral que impera en el cantón Santiago de Píllaro. Mientras los delegados del MAE se toman fotografías amistosas con las directivas comunales locales para validar trámites administrativos, ese mismo territorio opera como un feudo de impunidad donde se persigue con actos de odio regionalista a los ciudadanos costeños (como consta en la Noticia del Delito Nro. 180801824070017) y se instrumentalizan las juntas de agua potable como herramientas de coacción política y extorsión electoral. Como sentenció el Señor contra los sepulcros blanqueados en el Evangelio según San Mateo (23, 27), por fuera se muestran limpios y diligentes en las redes sociales del Estado, pero por dentro están llenos de omisión, complicidad y abandono hacia el pueblo que juraron proteger.
REGISTRO AUDIOVISUAL DE CARGO: REINCIDENCIA DE ALUD EN CAHUAJÍ (VÍA COTALÓ – PENIPE, 08 DE NOVIEMBRE DE 2026)
Se incorpora la evidencia fílmica inalterable de cargo registrada el pasado domingo 8 de noviembre de 2026 en el sector de Cahuají, a lo largo del eje vial interprovincial Cotaló – Penipe (límite entre Tungurahua y Chimborazo). Las imágenes documentan el colapso masivo de tierra y roca sobre la calzada en el mismo punto exacto donde apenas dos semanas atrás ya se había producido otro alud de gran magnitud. Esta reincidencia geológica no responde a un fenómeno natural fortuito, sino a la destrucción sistemática provocada por la explotación de canteras y la expansión de actividades agrícolas en laderas cuyo suelo es técnicamente incompatible con dichas intervenciones:
🚨 PERITAJE DE CARGO: SUELOS INCOMPATIBLES Y NEGLIGENCIA CRIMINAL DE AUTORIDADES
El doble deslizamiento ocurrido en Cahuají en un lapso de quince días demuestra la irresponsabilidad criminal de quienes autorizan y toleran el uso indebido del territorio. Socavar la base de los taludes mediante canteras de áridos y pétreos, sumado a la tala de vegetación nativa para meter cultivos y riego intensivo en pendientes volcánicas inestables, licúa la estructura interna de la montaña y provoca derrumbes predecibles que ponen en riesgo directo la vida de quienes transitan entre Tungurahua y Chimborazo.
Esta prueba audiovisual compromete la responsabilidad directa de los Municipios de Pelileo y Penipe (competentes exclusivos en la regulación y control del uso y ocupación del suelo según el Artículo 55, literal b del COOTAD), de las Prefecturas de Tungurahua y Chimborazo (control de canteras, Art. 42 COOTAD) y de la Dirección Zonal 3 del MAE. Permitir actividades extractivas y agrícolas en zonas de alto riesgo geológico sin clausurarlas tras el primer deslave configura los delitos de daño grave al suelo (Art. 252 COIP) y omisión de deberes (Art. 277 COIP).
THEIOS PARRHESÍA
Filial IJ Alliance — Periodismo Católico, Independiente, Responsable y Transformacional
LA FARSA DE LA DIRECCIÓN ZONAL 3 DEL MAE: TEATRALIZACIÓN PUBLICITARIA EN TUNGURAHUA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO MIENTRAS SE ENVENENAN LAS CUENCAS HÍDRICAS DEL CHAMBO, PATATE, PASTAZA Y OTROS RÍOS.
«¡Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar el rebaño?… No habéis fortalecido a las débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la perniquebrada…»
— EZEQUIEL 34, 2. 4 (BIBLIA CATÓLICA DE MONSEÑOR JUAN STRAUBINGER)
PREÁMBULO: EL ESPEJISMO DE LAS REDES SOCIALES FRENTE AL ECOCIDIO EN TERRITORIO
Mientras las cuencas hidrográficas de la Sierra Centro agonizan bajo el lodo industrial, la explotación minera descontrolada y el vertido directo de aguas fecales, la Dirección Zonal 3 del Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) —con jurisdicción directa sobre las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza— mantiene montada una maquinaria permanente de simulación publicitaria.
En sus canales digitales oficiales, los funcionarios de esta cartera de Estado se fotografían sonrientes ejecutando inspecciones cosméticas de mínima escala, como la supuesta verificación de planos en el caserío Puñapí (cantón Patate) para dotar agua a apenas 25 personas bajo etiquetas propagandísticas gubernamentales. Esta teatralización burocrática busca proyectar una imagen de eficiencia técnica que se desmorona de inmediato al contrastarla con el abandono sistemático de las grandes arterias fluviales del país y la complicidad pasiva frente al incumplimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
REGISTRO AUDIOVISUAL DE CARGO: LA DEPREDACIÓN DE LAS CANTERAS EN EL RÍO CHAMBO (RUTA PELILEO – PENIPE)
Se incorpora el registro fílmico inalterable de cargo levantado en territorio a lo largo del eje vial y fluvial que conecta los cantones Pelileo (Tungurahua) y Penipe (Chimborazo). La pieza audiovisual documenta en tiempo real la extracción descontrolada de áridos y pétreos ejecutada por las canteras apostadas directamente sobre las riberas del Río Chambo, evidenciando cómo la maquinaria pesada devora los taludes andinos, altera el cauce natural y enturbia de forma severa el caudal hídrico ante la absoluta inacción de los entes de control:
🚨 PERITAJE DE CARGO: DESACATO AL COIP Y OMISIONES DE PREFECTURAS Y MAATE
Las imágenes capturadas en el tramo Pelileo–Penipe destruyen el discurso propagandístico de la Dirección Zonal 3 del MAE. La socavación directa de los márgenes de protección hídrica y el vertido continuo de sedimentos e hidrocarburos al Río Chambo configuran de manera flagrante los delitos tipificados en los Artículos 251 y 252 del COIP (contaminación de cuerpos de agua y daño grave al suelo y subsuelo), sancionados con penas de tres a cinco años de prisión.
Esta evidencia audiovisual compromete la responsabilidad directa de los Gobiernos Provinciales de Chimborazo y Tungurahua (competentes exclusivos en el control ambiental de áridos y pétreos según el Art. 42 del COOTAD) y de los funcionarios de la Zonal 3 del MAE, quienes incurren en falsedad y ocultamiento ambiental por omisión de control (Art. 255 del COIP) al permitir que estas concesiones destruyan el río que luego desemboca en Baños y envenena la cuenca del Pastaza.
I. COTOPAXI Y LA BURLA DE PUJILÍ: MÁS DE DOS AÑOS DE IMPUNIDAD ANTE LOS OJOS DE LA ZONAL 3
La inoperancia de la Dirección Zonal 3 del MAATE quedó registrada con fe pública en el expediente de fiscalización hídrica del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. Frente al drama humanitario de la escasez de agua potable y tras desmantelar los informes cartográficos falsificados por la administración municipal, la lucha ciudadana y periodística logró sentar en una mesa de mediación constitucional a las autoridades locales.
Ante la Defensoría del Pueblo —representada por el defensor Romel Tupiza— y contando como testigos y garantes técnicos con los propios delegados de la Dirección Zonal 3 del MAE, el GAD Municipal de Pujilí firmó un Acta de Compromiso vinculante. El acuerdo obligaba al cabildo a ejecutar una medida de paliación inmediata (la instalación de un tanque elevado con base metálica en el hogar afectado) y fijaba un plazo perentorio e improrrogable de seis meses para entregar una solución estructural y definitiva a la red de agua potable del cantón.
La Complicidad por Omisión: Han transcurrido más de dos años desde la suscripción de aquel instrumento público. La red definitiva de agua potable en Pujilí jamás se construyó, condenando a la población a la insalubridad y a la desnutrición crónica infantil por parasitosis. Entretanto, los representantes de la Dirección Zonal 3 del MAE —quienes suscribieron como garantes de la tutela ambiental y del recurso hídrico— guardaron un silencio cómplice, omitiendo iniciar los procesos sancionatorios administrativos y penales por el desacato flagrante del municipio.
EXPEDIENTE DOCUMENTAL RELACIONADO
Desnutrición infantil y crisis del agua en Ecuador: la impunidad de los municipios
Revise los detalles de las actas firmadas ante el Defensor Romel Tupiza, los delegados del MAE y las pruebas del abandono municipal en Cotopaxi.
REGISTRO AUDIOVISUAL DE CARGO: MINERAS CONCESIONADAS EN EL RÍO CHAMBO (EJE PELILEO – PENIPE – GUANO)
Se incorpora la evidencia fílmica inalterable de cargo levantada a lo largo de la ruta interprovincial Pelileo – Penipe – Guano, en el límite territorial entre las provincias de Tungurahua y Chimborazo. El registro audiovisual captura de manera irrefutable la operación invasiva de mineras concesionadas y canteras extractivas apostadas directamente sobre el lecho y las riberas del Río Chambo, demostrando cómo la maquinaria pesada destruye la geomorfología fluvial y enturbia el caudal hídrico ante la mirada complaciente del Estado:
🚨 PERITAJE DE CARGO: AUTORIZACIÓN CÓMPLICE DEL DISTRITO ZONAL 3 DEL MAATE
La gravedad de este atentado radica en que las mismas autoridades que alardean en redes sociales sobre el cuidado de la naturaleza son quienes autorizan, firman y sostienen estos negocios extractivos. El Distrito Zonal 3 del Ministerio del Ambiente (MAE) conoce plenamente y promueve estas prácticas destructivas mediante el otorgamiento de permisos y la omisión deliberada de auditorías ambientales, violando de forma directa los Artículos 71, 73 y 406 de la Constitución que prohíben degradar las fuentes de agua y los ecosistemas frágiles.
Permitir que concesiones mineras operen dentro del cauce del Río Chambo entre Tungurahua y Chimborazo —arrastrando sedimentos e hidrocarburos que luego confluyen en el Río Patate en Baños y descienden hacia el Pastaza— configura los delitos penales tipificados en los Artículos 251, 252 y 255 del COIP (contaminación hídrica, daño grave al suelo y ocultamiento ambiental por parte de servidores públicos), comprometiendo directamente la responsabilidad penal y administrativa de los directores zonales del MAATE y de las Prefecturas involucradas (Art. 42 COOTAD).
II. EL CRIMEN ECOLÓGICO EN EL RÍO CHAMBO: CANTERAS DEPREDADORAS Y CLOACAS INDUSTRIALES
Mientras los funcionarios zonales posan para fotografías institucionales en acequias menores, la arteria fluvial más importante de la provincia de Chimborazo, el Río Chambo, es sometida a una destrucción sistemática desde sus nacientes hasta su desembocadura. A lo largo de sus riberas —iniciando en el cantón Guano, atravesando Penipe y descendiendo hasta las faldas bajas del volcán Tungurahua donde se asienta el paraje turístico de Las Caras y decenas de comunidades rurales— opera una red descontrolada de canteras de extracción de áridos y pétreos.
La maquinaria pesada de estas concesiones minera-extractivas devora los márgenes de protección hídrica, altera el cauce natural del río, provoca socavamientos estructurales en los taludes y vierte toneladas de sedimentos, aceites y combustibles directamente al torrente. A esta agresión física se suma la descarga directa e impune de aguas servidas provenientes de restaurantes, complejos turísticos, camales e industrias apostadas a lo largo y ancho de la ribera del Chambo, transformando un ecosistema andino vital en un canal de aguas turbias, fétidas y altamente tóxicas.
III. DE LAS JUNTAS AL PASTAZA: EXPORTANDO INSALUBRIDAD HACIA LA AMAZONÍA
El envenenamiento hídrico no se detiene en Chimborazo. Al llegar al sector del Puente de Las Juntas, en el cantón Baños de Agua Santa (Tungurahua), las aguas contaminadas del Río Chambo confluyen con el caudal del Río Patate. Lejos de existir plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) operativas y eficientes, el propio cantón turístico de Baños descarga sus alcantarillados y aguas servidas directamente sobre el cauce sin depuración previa.
De esta unión nace el majestuoso Río Pastaza, convertido hoy por la desidia estatal en una autopista de insalubridad que desciende hacia la región amazónica. En su trayecto por parroquias y poblados como Río Verde, Río Negro y las puertas del Oriente ecuatoriano, el caudal recibe además los vertidos sin control de decenas de negocios turísticos, hosterías y paraderos apostados junto a las cascadas. La Dirección Zonal 3 del MAE, que tiene la obligación legal de auditar licencias ambientales y clausurar descargas contaminantes en las cuatro provincias de esta cuenca, brilla por su absoluta inacción.
IV. EL MARCO DE CARGO: OBLIGACIONES LEGALES Y SANCIONES PARA LOS FUNCIONARIOS CÓMPLICES
La pasividad de los alcaldes, prefectos y directores zonales del Ministerio del Ambiente frente a la destrucción de los ríos y la falta de agua potable no es una simple falla gerencial; constituye un concurso de infracciones constitucionales, administrativas y penales sancionadas con severidad por el ordenamiento jurídico ecuatoriano:
1. Derechos de la Naturaleza y Responsabilidad Objetiva (Constitución – Arts. 71, 73 y 233):
La Constitución reconoce a la Naturaleza (Pachamama) como sujeto de derechos y obliga al Estado a aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la destrucción de ecosistemas. El Artículo 233 establece taxativamente que ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, respondiendo administrativa, civil y penalmente.
2. Delitos contra el Agua y el Suelo (COIP – Artículos 251 y 252):
El Artículo 251 del COIP sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años a quien contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos o cuencas hidrográficas mediante el vertido de aguas residuales industriales o domésticas sin tratamiento. Asimismo, el Artículo 252 castiga con igual pena el daño grave al suelo y subsuelo provocado por actividades extractivas o canteras ilegales.
3. Sanciones a Funcionarios que Permiten y No Cumplen (COIP – Arts. 255, 277 y 282):
• Falsedad y Ocultamiento Ambiental (Art. 255 COIP): El servidor público que, estando obligado a realizar controles, inspecciones o auditorías ambientales, omita ejecutarlos o falsee información para permitir actividades contaminantes (como las canteras del Chambo o las descargas de Baños), será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
• Omisión de Funciones y Deberes (Art. 277 COIP): Castiga a los funcionarios del MAATE, GAD Municipales y Prefecturas que eluden deliberadamente ejercer su potestad sancionadora y de clausura.
• Incumplimiento de Decisiones Legítimas (Art. 282 COIP): Sanciona con uno a tres años de prisión a las autoridades municipales (como el GAD de Pujilí) que desacatan los acuerdos vinculantes firmados ante la Defensoría del Pueblo.
4. Obligaciones Ineludibles de Municipios, Prefecturas y MAATE (COOTAD y COA):
El Art. 55 del COOTAD obliga de forma exclusiva a los Municipios (Pujilí, Guano, Penipe, Baños) a depurar las aguas residuales y dotar de agua potable. El Art. 42 del COOTAD impone a los Gobiernos Provinciales (Prefecturas de Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua) la gestión ambiental y el control estricto de la explotación de áridos y pétreos (canteras). Finalmente, el Código Orgánico del Ambiente (COA – Arts. 317 y 318) faculta y obliga a la Dirección Zonal 3 del MAE a imponer multas de hasta 200 Salarios Básicos Unificados, revocar licencias ambientales y ordenar la clausura inmediata de toda actividad que contamine las cuencas hídricas.
REGISTRO AUDIOVISUAL DE CARGO: LA DEVASTACIÓN DE LAS CANTERAS EN LA VÍA PELILEO – PATATE – PÍLLARO (TUNGURAHUA)
Se incorpora el registro fílmico inalterable de cargo capturado directamente a lo largo del eje vial y geográfico que conecta los cantones Pelileo, Patate y Santiago de Píllaro, en la provincia de Tungurahua. La pieza audiovisual documenta en tiempo real cómo la explotación descontrolada de canteras de áridos y pétreos mutila las laderas andinas, desestabiliza los taludes naturales y genera nubes permanentes de polvo y sedimentos que degradan los suelos agrícolas y los afluentes que alimentan la cuenca del Río Patate:
🚨 PERITAJE DE CARGO: RIESGO DE DESLAVES Y COMPLICIDAD EN TUNGURAHUA
El socavamiento masivo de las montañas en el corredor Pelileo–Patate–Píllaro expone la hipocresía de las autoridades provinciales y ambientales. Mientras la Dirección Zonal 3 del MAE publica fotografías promocionales en caseríos de Patate simulando eficiencia hídrica, permite que la actividad extractiva debilite la estructura geológica de los cerros, creando el escenario perfecto para futuros deslizamientos de tierra similares a las tragedias ocurridas en la Sierra Centro.
Esta evidencia audiovisual compromete de forma directa la responsabilidad legal de la Prefectura de Tungurahua (competente exclusiva en la regulación y control ambiental de áridos y pétreos conforme al Artículo 42 del COOTAD), de los GAD Municipales de Pelileo, Patate y Píllaro (Art. 55 COOTAD) y de los funcionarios del MAE Zonal 3, quienes incurren en los delitos tipificados en los Artículos 252 y 255 del COIP (daño grave al suelo y ocultamiento ambiental por omisión de inspección y clausura).
🔗 CONEXIDAD AMBIENTAL EN TUNGURAHUA: EL ANTECEDENTE DE LA CURTIEMBRE ILEGAL EN TOTORAS
La complicidad institucional entre las Prefecturas y la Dirección Zonal 3 del MAE para maquillar estudios ambientales y encubrir industrias contaminantes tiene un precedente documentado en la provincia de Tungurahua. En mayo de 2025, nuestras investigaciones expusieron cómo funcionarias de la Prefectura manipularon una reunión consultiva para intentar regularizar una curtiembre ilegal en zona agrícola exclusiva de Huachi Totoras, ignorando los peritajes técnicos del Ing. Ambiental Jorge Chóez y de la ESPOCH que probaron la presencia de coliformes fecales, metales traza y tensoactivos en el río Pachanlica y el agua de riego que alimenta a Ambato, Pelileo, Salasaka, Chiquicha y El Rosario:
EXPEDIENTE DE CARGO AMBIENTAL RELACIONADO
Tungurahua bajo amenaza: comunidades denuncian complicidad institucional en contaminación de tierras agrícolas por curtiembre ilegal en Totoras 20052025
Acceda al archivo completo en Theios Parrhesía que documenta las violaciones al TULSMA, al Código Orgánico del Ambiente y la manipulación de votaciones comunitarias por parte de las autoridades provinciales.
V. EL JUICIO MORAL DEL MAGISTERIO Y LA FISCALIZACIÓN POPULAR
Desde la doctrina social de la Iglesia Católica, envenenar las fuentes de agua y simular obras públicas mientras los pueblos sufren enfermedades hídricas constituye una transgresión grave contra la Creación. En la Carta Encíclica Laudato Si’ (Núm. 29 y 30), el Papa Francisco advierte sobre la gravedad de la contaminación del agua provocada por vertidos industriales y mineros sin control, sentenciando que negar agua limpia a las poblaciones es negarles el derecho fundamental a la vida.
La Dirección Zonal 3 del MAE debe cesar su campaña de maquillaje digital. Las fotografías en acequias pequeñas no borran la devastación ecológica del Río Chambo, la cloaca abierta en el Puente de Las Juntas ni el desacato institucional en Pujilí. Theios Parrhesía de IJ Alliance indexan este expediente ambiental dentro de nuestras bitácoras de fiscalización nacional e internacional, exigiendo a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General iniciar las auditorías y procesos penales por delitos contra la naturaleza y omisión de funciones contra los responsables.
LA CORDILLERA SE SECA: DESERTIFICACIÓN EN LA SIERRA CENTRO Y LA CORRESPONSABILIDAD ESTATAL EN CADENA
El envenenamiento de los ríos Chambo, Patate, Pastaza y otros ríos de la sierra centro, corre en paralelo con una catástrofe terrestre silenciosa pero letal: el avance acelerado de la desertificación en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. La erosión extrema de los suelos en cantones como Guano, Colta y Guamote —cuyo punto crítico se exhibe en los arenales de Palmira—, sumada a la deforestación de los páramos y las quemas agrícolas indiscriminadas en Pelileo, Latacunga, Saquisilí y Pujilí, está destruyendo la capa vegetal que retiene la humedad atmosférica. Esta degradación ambiental es responsabilidad directa del Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) y su Dirección Zonal 3, entidades que tienen el mandato constitucional de frenar la pérdida de suelos fértiles y proteger los ecosistemas frágiles, pero que prefieren maquillar la crisis mediante campañas turísticas o inspecciones cosméticas.
LECTURA FUNDAMENTAL DE CARGO CIENTÍFICO Y AMBIENTAL
La Cordillera rota: El factor humano detrás de la desertificación, los deslaves y la crisis del agua en la Sierra ecuatoriana
Acceda al análisis técnico completo en Theios Parrhesía que desmonta los mitos climáticos y explica científicamente el Efecto Albedo y la impermeabilización química de los suelos andinos.
Frente a este colapso ecológico, ninguna autoridad puede lavarse las manos trasladando la culpa al vecino. El ordenamiento jurídico ecuatoriano establece una corresponsabilidad administrativa, civil y penal en cadena que alcanza por igual a todos los niveles del Estado que omiten sus competencias:
Por permitir el desfinanciamiento operativo de los controles ambientales y tolerar la falta de articulación interinstitucional frente a las alertas tempranas de riesgos y sequías.
Por eludir su facultad sancionadora y de auditoría sobre las licencias ambientales, permitir la degradación de los páramos y callar frente al desacato de las actas de compromiso hídrico en Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.
Por incumplir su competencia exclusiva de gestión ambiental (Art. 42 COOTAD), permitiendo la operación depredadora de canteras de áridos y pétreos en las riberas de los ríos y la apertura informal de caminos sin estudios de taludes.
Por violar el Art. 55 del COOTAD al descargar aguas servidas directamente a los ríos sin plantas de tratamiento, negar redes de agua potable segura y otorgar permisos de uso de suelo en zonas de alto riesgo geológico.
Por limitar su actuación a apagar incendios de forma reactiva, omitiendo de manera sistemática el levantamiento de coordenadas satelitales GPS y la remisión de partes técnicos a los catastros municipales para sancionar a los responsables de las quemas de maleza que esterilizan la montaña.
💬 FISCALIZACIÓN CIUDADANA: DENUNCIA LA CONTAMINACIÓN DE TU RÍO O CANTÓN
¿Vives cerca de los ríos Chambo, Patate, Pastaza u otro río de la serranía ecuatoriana y eres testigo de las descargas de aguas servidas o la destrucción provocada por las canteras? ¿Tu municipio firmó actas de compromiso por el agua potable que nunca cumplió ante la mirada pasiva del MAE? Utiliza la caja de comentarios situada al final de este reportaje para dejar tu testimonio de forma completamente anónima o bajo pseudónimo.