¿Dónde queda el contribuyente? SRI admite cambio a nota de crédito desmaterializada mientras el ciudadano niega haberlo solicitado.
Una devolución de Impuesto a la Renta que debía seguir la vía de acreditación bancaria terminó convertida en una Nota de Crédito Desmaterializada. El contribuyente desconoció la operación, cambió su contraseña como medida preventiva y, al día siguiente, la NCD ya aparecía emitida. El caso expone una pregunta de fondo: ¿qué debe hacer un ciudadano cuando el sistema estatal registra una operación que él niega haber realizado y las instituciones no le ofrecen una ruta clara para esclarecerla?
Por: Redacción Theios Parrhesía
Ecuador – Agosto de 2026
Lo que el estado OFRECE.
Lo que realmente hace.
Cuando el ciudadano necesita al Estado y el Estado parece no saber hacia dónde enviarlo
¿Qué ocurre cuando un ciudadano descubre que en una plataforma estatal aparece registrada una operación que asegura no haber realizado?
¿Qué sucede cuando esa operación tiene consecuencias económicas?
¿Y qué pasa cuando el ciudadano reclama, presenta quejas, acude a diferentes canales institucionales y recibe respuestas que explican cómo funciona el sistema, pero no necesariamente resuelven la pregunta central?
Estas son las interrogantes que plantea un caso relacionado con una devolución de Impuesto a la Renta y una Nota de Crédito Desmaterializada (NCD) que, según manifiesta el contribuyente afectado, nunca solicitó.
Este reportaje no pretende identificar al ciudadano involucrado ni atribuir responsabilidad penal a ninguna persona. Su identidad será protegida y nos referiremos a él como “el contribuyente afectado”.
Tampoco afirmamos que haya existido una suplantación de identidad o un acceso ilícito. Eso corresponde determinarlo, si existen elementos para ello, a las autoridades competentes.
Lo que sí existe es una controversia concreta, documentada y que merece una respuesta:
el sistema registra un cambio de modalidad de reintegro que el contribuyente niega haber solicitado.
Y, frente a esa situación, el ciudadano quiere saber qué ocurrió, quién puede esclarecerlo y qué debe hacer para defender su derecho sobre el valor de su devolución tributaria.
10, 11 y 12 de agosto: la cronología que necesita ser esclarecida
La secuencia de acontecimientos es fundamental.
10 de agosto de 2026
En el sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI) aparece registrado un trámite mediante el cual se habría cambiado la modalidad de reintegro tributario.
El contribuyente sostiene que no realizó ni autorizó voluntariamente dicho cambio.
La modalidad que esperaba era la acreditación bancaria de su devolución.
El SRI, por su parte, informó posteriormente que el trámite fue ingresado utilizando las credenciales personales del contribuyente.
11 de agosto de 2026
Después de advertir la situación y precisamente como medida preventiva de seguridad, el contribuyente afectado procedió a cambiar su contraseña de acceso al sistema SRI en Línea, buscando proteger su cuenta y evitar eventuales accesos de terceros.
Este hecho no demuestra por sí mismo que haya existido una intrusión o suplantación.
Pero sí demuestra que el ciudadano, al advertir una situación que no reconocía, adoptó una medida concreta para proteger sus credenciales.
12 de agosto de 2026
Al día siguiente, el SRI procesó el trámite y apareció emitida la Nota de Crédito Desmaterializada.
La secuencia queda entonces claramente establecida:
10 de agosto: aparece registrado el cambio que el contribuyente desconoce.
11 de agosto: el contribuyente cambia preventivamente su contraseña.
12 de agosto: aparece procesada y emitida la Nota de Crédito Desmaterializada.
Y aquí aparece la pregunta que no puede ser esquivada:
¿Qué ocurrió exactamente entre el 10 y el 12 de agosto?
El SRI dice que se utilizó la contraseña. Pero eso no responde toda la controversia
En la respuesta entregada al contribuyente el 21 de agosto de 2026, el SRI señaló que el trámite de cambio de forma de reintegro fue ingresado a través del portal transaccional SRI en Línea utilizando usuario y contraseña personales.
También indicó que el trámite fue procesado el 12 de agosto y que se notificó la emisión de la NCD.
Pero el propio SRI proporcionó otro dato relevante:
el 11 de agosto se habría solicitado la recuperación de la contraseña de acceso.
Además, la Administración informó que, si el contribuyente requiere el detalle de la transacción o de los inicios de sesión efectuados, debe presentar una petición escrita.
Aquí aparece un punto central de esta investigación:
El propio SRI reconoce que existen registros institucionales adicionales que pueden ayudar a reconstruir lo sucedido.
Por eso, la controversia no puede terminar simplemente con:
“Se utilizó su usuario y contraseña”.
La pregunta es:
¿Qué registros técnicos existen y qué permiten determinar respecto de la operación cuestionada?
Una contraseña identifica una cuenta, pero la controversia exige reconstruir la operación
El SRI tiene normas que establecen responsabilidades del sujeto pasivo respecto del uso y custodia de sus credenciales.
Esto debe ser respetado.
Pero también debe respetarse una diferencia fundamental:
una cosa es la responsabilidad del titular respecto de sus credenciales y otra es esclarecer una operación específica que el titular niega haber realizado.
Si un ciudadano dice:
“Yo no hice ese cambio”,
la Administración debería poder indicarle, dentro de los límites legales y técnicos correspondientes:
- cuándo se realizó;
- cómo se autenticó;
- qué pasos se ejecutaron;
- qué registros de acceso existen;
- qué mecanismo de confirmación se utilizó;
- qué notificación se generó;
- y qué procedimiento tiene el ciudadano para cuestionar formalmente la operación.
Eso es particularmente importante cuando la operación produjo una consecuencia económica.
El propio SRI reconoce que cambiar de acreditación bancaria a NCD es una solicitud
Aquí existe otro elemento que debe ser conocido por los contribuyentes.
El SRI dispone de una Guía para contribuyentes sobre el cambio de forma de reintegro de acreditación a emisión de título valor. Esa guía describe el procedimiento mediante el cual el contribuyente puede solicitar el cambio. (Sri Ecuador)
Por tanto, nadie está cuestionando que jurídicamente exista la posibilidad de cambiar de modalidad.
La NCD es una modalidad contemplada por el sistema tributario.
La controversia es otra:
¿Quién solicitó el cambio en este caso concreto?
Porque el ciudadano afectado sostiene que no fue él.
La Nota de Crédito Desmaterializada ya fue emitida
Este detalle vuelve el asunto particularmente delicado.
Según la comunicación del SRI, el trámite fue procesado el 12 de agosto de 2026 y se notificó la emisión de la Nota de Crédito Desmaterializada.
Por tanto, ya no estamos hablando de una simple solicitud pendiente.
Existe un resultado administrativo que produjo una consecuencia concreta sobre la devolución tributaria.
El contribuyente debe, por ello, dejar constancia formal de que no reconoce haber solicitado el cambio que originó la NCD y solicitar que se esclarezca la legitimidad de esa operación.
Mientras la controversia se encuentre abierta, resulta prudente no negociar, transferir ni utilizar la NCD cuestionada sin asesoramiento jurídico adecuado, precisamente para evitar generar nuevas consecuencias mientras se determina el origen de la operación.
¿NCD o depósito bancario? No son exactamente lo mismo
Otro aspecto que debe entender el ciudadano común es que la modalidad de reintegro no es un detalle menor.
El SRI contempla mecanismos de devolución mediante acreditación bancaria y mediante títulos valor, entre ellos la Nota de Crédito Desmaterializada.
La propia existencia de una guía específica para cambiar de acreditación a emisión de título valor demuestra que se trata de modalidades diferenciadas. (Sri Ecuador)
Por eso, un contribuyente que espera una acreditación bancaria y termina con una NCD tiene derecho a conocer:
- por qué se produjo el cambio;
- quién lo solicitó;
- cuándo se solicitó;
- cómo se autenticó;
- y cuál es el mecanismo legal para corregir la situación si el cambio no fue autorizado.
La desesperación del contribuyente también es un problema
Este caso se produce en un contexto que merece especial atención.
Para una persona común, una devolución tributaria puede representar dinero que necesita para:
- pagar deudas;
- cubrir gastos familiares;
- sostener un negocio;
- recuperar recursos utilizados durante el año;
- o simplemente disponer de dinero que legalmente espera recibir.
Cuando el ciudadano lleva tiempo esperando una devolución, puede aceptar una alternativa sin comprender completamente sus consecuencias.
Y aquí existe una advertencia importante:
Antes de aceptar voluntariamente una Nota de Crédito Desmaterializada, el contribuyente debe informarse exactamente sobre cómo funciona y qué costos pueden existir si posteriormente decide negociarla.
No es correcto afirmar que todos los contribuyentes pierden automáticamente un 40 % del valor de una NCD.
Ese porcentaje no puede presentarse como una regla universal sin documentación específica.
El costo efectivo puede depender de las condiciones concretas de negociación y de los intermediarios que intervengan.
Por eso, cualquier persona que considere esta modalidad debería preguntar previamente:
¿Cuánto recibiré efectivamente?
¿Qué comisión cobra el intermediario?
¿Qué costos existen?
¿Qué descuento se aplicará?
¿Cuánto tiempo tardaré en obtener liquidez?
¿Qué alternativas tengo?
La información debe llegar antes de que el ciudadano tome la decisión, no después.
El ciudadano acudió a los canales institucionales
El caso no quedó solamente en una conversación informal.
El contribuyente presentó quejas ante el SRI los días:
- 12 de agosto;
- 13 de agosto;
- 19 de agosto de 2026.
También se recurrió a distintos canales institucionales disponibles para presentar inquietudes y denuncias.
Se acudió a mecanismos digitales, correos institucionales, plataformas y canales de atención.
Incluso se recurrió a herramientas automatizadas de atención ciudadana.
Y aquí aparece una preocupación que va mucho más allá de este caso:
¿Puede una democracia digital tener canales para recibir denuncias, pero dejar al ciudadano sin una ruta clara para resolverlas?
El problema de los bots: recibir una denuncia no es lo mismo que resolverla
La tecnología puede facilitar la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Un bot puede orientar.
Una plataforma puede registrar.
Un correo puede recibir.
Pero ninguna de esas herramientas debería convertirse en una barrera que sustituya la atención efectiva cuando existe una controversia que afecta derechos o intereses legítimos.
El ciudadano común no necesariamente sabe:
- qué recurso presentar;
- ante qué autoridad;
- en qué plazo;
- qué documentos adjuntar;
- qué norma invocar;
- ni qué hacer cuando una institución declara que no es competente.
Y ese desconocimiento no debería convertirlo en una persona indefensa.
La respuesta de Gestión de Casos de la Presidencia
Ante la situación también se acudió a la Gestión de Casos de la Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia de la República.
La respuesta institucional señaló que los hechos expuestos no guardarían relación con presuntas irregularidades o actos de corrupción dentro del ámbito de competencia de esa dependencia y que no podía conocer o resolver determinados asuntos correspondientes a otras autoridades.
La Secretaría invocó, entre otros fundamentos, los artículos 82 y 226 de la Constitución, relativos a la seguridad jurídica y al principio de competencia.
Y aquí debe hacerse una precisión importante:
Una institución pública no puede asumir una competencia que la ley no le atribuye.
Eso es correcto.
Pero tampoco debería dejar al ciudadano en un vacío institucional.
El ciudadano necesita saber:
¿Quién es competente?
¿Qué procedimiento debo utilizar?
¿Qué documentos debo presentar?
¿Qué plazo tengo?
¿Qué hago mientras la operación cuestionada continúa produciendo efectos?
Ese es el verdadero problema.
La Constitución no concibe al ciudadano como un espectador pasivo
El artículo 66 numeral 23 de la Constitución reconoce el derecho de las personas a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas.
Y el artículo 226 establece el deber de las instituciones públicas de ejercer sus competencias y coordinar acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos.
El artículo 227 es todavía más claro al establecer que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad y se rige, entre otros, por principios de eficacia, eficiencia, calidad, coordinación y transparencia.
El Código Orgánico Administrativo desarrolla esta relación entre ciudadanía y Administración Pública y reconoce derechos vinculados con la buena administración, petición y tutela administrativa efectiva. La Asamblea Nacional señala que el COA regula las relaciones entre las personas y las administraciones públicas y busca garantizar los derechos ciudadanos dentro del procedimiento administrativo. (Asamblea Nacional)
Por tanto:
El ciudadano no debería tener que convertirse en experto en Derecho Administrativo para descubrir cómo defenderse frente a una actuación de la propia Administración.
¿Qué significa realmente ser servidor público?
Este punto merece ser dicho con claridad.
El servidor público no trabaja para sí mismo.
Trabaja dentro de una institución cuya razón de ser es prestar un servicio a la colectividad.
La Constitución establece expresamente que la Administración Pública es un servicio a la colectividad.
Eso significa que el ciudadano no debería sentirse como alguien que está pidiendo un favor.
Está ejerciendo un derecho.
Cuando un ciudadano presenta una petición:
No está rogando.
Cuando reclama:
No está molestando.
Cuando exige una respuesta motivada:
No está atacando al funcionario.
Cuando pregunta qué autoridad es competente:
No está siendo irrespetuoso.
Está utilizando los mecanismos que el propio Estado puso a su disposición.
El pueblo sostiene al Estado
También debe hablarse de una realidad que muchas veces se olvida.
Los ciudadanos trabajan.
Generan ingresos.
Pagan impuestos.
Y esos recursos forman parte del financiamiento del Estado.
Con esos recursos se sostienen instituciones públicas, servicios, infraestructura, plataformas y remuneraciones.
Esto no significa que un ciudadano tenga derecho a exigir que un funcionario haga algo que está fuera de su competencia.
Pero sí significa que tiene derecho a exigir:
que la institución funcione.
que el procedimiento sea claro.
que la respuesta sea motivada.
que la denuncia tenga una ruta.
que la Administración coordine cuando corresponda.
Y, especialmente:
que el ciudadano no quede abandonado en medio del sistema.
No todos los funcionarios son responsables de este problema
También es necesario aclararlo.
Este reportaje no pretende acusar a todos los servidores públicos.
Sería injusto e irresponsable.
Existen servidores que cumplen correctamente sus funciones y atienden a la ciudadanía con profesionalismo.
La crítica está dirigida a cualquier mecanismo institucional que termine dejando al ciudadano sin una solución efectiva o sin una ruta clara de defensa.
El problema es sistémico cuando el ciudadano recibe respuestas sucesivas pero sigue sin saber qué hacer.
¿Qué debe hacer un contribuyente si descubre una operación que no reconoce?
Este caso deja una guía práctica.
1. Actúe inmediatamente
No espere semanas para reclamar.
Si descubre un cambio que no reconoce, deje constancia cuanto antes.
2. Cambie preventivamente sus credenciales
Si sospecha que alguien podría haber tenido acceso a su cuenta, cambie inmediatamente la contraseña.
Eso fue precisamente lo que hizo el contribuyente afectado el 11 de agosto, después de advertir la situación.
Importante: cambiar la contraseña es una medida preventiva; no demuestra por sí mismo que haya existido una intrusión.
3. Guarde toda la evidencia
Conserve:
- capturas de pantalla;
- correos;
- notificaciones;
- números de trámite;
- resoluciones;
- fechas;
- horas;
- respuestas del SRI;
- registros de quejas;
- y cualquier comunicación recibida.
4. Presente una petición escrita
No dependa únicamente de una llamada telefónica.
Solicite formalmente:
“No reconozco la operación y solicito la trazabilidad de la transacción, registros de acceso y mecanismos de autenticación relacionados con la operación cuestionada.”
5. Pregunte qué registros existen
En este caso, el propio SRI informó que para obtener el detalle de las transacciones o inicios de sesión se debe presentar una petición escrita.
Por tanto:
Pídalos formalmente.
6. Solicite que se preserve la información
Cuando existe una controversia sobre una operación electrónica, resulta prudente solicitar que los registros relacionados sean preservados conforme a las reglas aplicables.
7. No utilice una NCD cuestionada sin asesoría
Si el contribuyente afirma que nunca solicitó la operación que originó la NCD, debe dejar constancia de ello y consultar antes de utilizarla, transferirla o negociarla.
8. Exija una respuesta motivada
No se limite a aceptar:
“El sistema dice que usted lo hizo”.
Pregunte:
¿Qué evidencia concreta existe?
9. Si dicen que no son competentes, pregunte quién sí lo es
Solicite:
“Indique expresamente cuál es la autoridad competente, cuál es el procedimiento aplicable y qué actuación debe realizar el ciudadano.”
10. Busque asesoría jurídica si existen efectos económicos importantes
Las vías administrativas, tributarias, constitucionales o judiciales pueden depender de las características específicas del caso y de los plazos aplicables.
¿Dónde puede acudir un ciudadano?
La vía dependerá de los hechos.
SRI
Para cuestiones relacionadas directamente con la devolución tributaria, el expediente, la modalidad de reintegro, la información disponible y los mecanismos administrativos tributarios correspondientes.
Defensoría del Pueblo
Cuando pueda existir una vulneración de derechos por actuación u omisión de una institución pública, dentro de sus competencias.
Contraloría General del Estado
Cuando existan hechos que puedan involucrar responsabilidades relacionadas con recursos públicos o gestión pública, dentro del ámbito de sus atribuciones.
Fiscalía General del Estado
Si existen elementos que hagan presumir un posible delito, como un eventual acceso no autorizado o suplantación. No corresponde afirmar que un delito ocurrió hasta que exista una investigación que lo determine.
Órganos jurisdiccionales
Dependiendo de la naturaleza del acto, los derechos afectados y las circunstancias concretas, pueden existir mecanismos judiciales o constitucionales. Su procedencia debe ser analizada profesionalmente en cada caso.
La pregunta que el Estado debe responder
Este caso puede resumirse en una sola pregunta:
Si el ciudadano niega haber solicitado una operación electrónica que modificó la modalidad de devolución de su propio dinero, ¿Qué procedimiento tiene el Estado para determinar qué ocurrió y reparar la situación si se demuestra que el cambio no fue autorizado?
No basta con señalar que existe una contraseña.
No basta con remitir al ciudadano a otro canal.
No basta con decir que una institución no es competente.
Debe existir una ruta.
Una ruta para investigar.
Una ruta para aportar pruebas.
Una ruta para impugnar.
Una ruta para solicitar información.
Y, si corresponde, una ruta para corregir la actuación.
El verdadero peligro: que el ciudadano termine investigando al propio Estado
Aquí está quizá la parte más preocupante.
El ciudadano tiene que:
- descubrir la operación;
- guardar las pruebas;
- cambiar su contraseña;
- presentar la queja;
- volver a presentar la queja;
- buscar el canal correcto;
- pedir los registros;
- interpretar la respuesta;
- buscar la autoridad competente;
- y posiblemente buscar asesoría profesional.
Mientras tanto, los sistemas, registros y plataformas están bajo control de las propias instituciones públicas.
¿No debería existir un mecanismo institucional capaz de ayudar a esclarecer una operación que ocurrió dentro de esos sistemas?
Esta es una pregunta válida.
Y es precisamente la pregunta que este reportaje pone sobre la mesa.
No queremos un Estado que simplemente responda: queremos un Estado que funcione
La Administración Pública no puede medirse solamente por cuántos mensajes contesta.
Debe medirse también por:
cuántos problemas resuelve;
cuántos ciudadanos orienta;
cuántas denuncias encamina correctamente;
cuántos procedimientos explica;
y cuántas veces logra que una persona no quede atrapada en el laberinto institucional.
Un bot puede decir:
“Su solicitud ha sido recibida”.
Pero un ciudadano necesita saber:
“¿Qué hago ahora?”
Una plataforma puede entregar un número.
Pero el ciudadano necesita:
“¿Quién resolverá esto?”
Una institución puede decir:
“No somos competentes”.
Pero el ciudadano necesita:
“Entonces, ¿quién es competente?”
El ciudadano no tiene por qué saberlo todo
Esta es una de las mayores desigualdades que existen entre el ciudadano común y la Administración.
El Estado tiene abogados.
Tiene contadores.
Tiene especialistas tributarios.
Tiene ingenieros.
Tiene sistemas informáticos.
Tiene funcionarios.
Tiene bases de datos.
Tiene procedimientos.
El ciudadano común, muchas veces, solamente tiene:
su cédula, su contraseña, su comprobante y la voluntad de defender lo que considera suyo.
Por eso las instituciones públicas deben facilitar el ejercicio de los derechos y no convertir el desconocimiento técnico o jurídico del ciudadano en una barrera.
El Código Orgánico Administrativo fue concebido precisamente para establecer un régimen común de relaciones entre las personas y las administraciones y garantizar derechos dentro del procedimiento administrativo. La Asamblea Nacional registra el COA como publicado en el Registro Oficial N.º 31, Segundo Suplemento, de 7 de julio de 2017. (Asamblea Nacional)
Este caso deja una advertencia para todos
Si usted tiene una devolución tributaria pendiente:
Revise su expediente.
Revise la modalidad de reintegro.
Revise sus notificaciones.
Revise el estado de sus títulos valor.
Y si encuentra una operación que no reconoce:
NO LA IGNORE.
Cambie preventivamente su contraseña.
Guarde evidencia.
Presente una petición escrita.
Solicite trazabilidad.
Solicite registros.
Deje constancia de que no reconoce la operación.
Pregunte qué procedimiento corresponde para corregirla.
Y si una institución dice que no es competente:
exija que le indiquen cuál es la vía institucional adecuada.
Una última reflexión: detrás del trámite hay una persona
A veces las instituciones ven:
número de trámite.
número de cédula.
expediente.
resolución.
NCD.
Pero detrás de cada número existe una persona.
Una persona que trabajó.
Una persona que pagó impuestos.
Una persona que esperó su devolución.
Una persona que confió en el sistema.
Y cuando esa persona dice:
“Yo no hice eso”,
merece algo más que una respuesta automática.
Merece ser escuchada.
Merece saber qué ocurrió.
Merece conocer la evidencia.
Merece saber qué autoridad puede ayudarla.
Y merece tener una vía efectiva para defenderse.
CONCLUSIÓN
El caso del contribuyente afectado no debe ser utilizado para afirmar, sin investigación, que existió corrupción, suplantación o delito.
Eso sería irresponsable.
Pero tampoco sería responsable ignorar la controversia.
Tenemos una secuencia concreta:
10 de agosto: aparece registrado un cambio de modalidad de reintegro que el contribuyente niega haber solicitado.
11 de agosto: el contribuyente cambia su contraseña como medida preventiva para proteger su cuenta de posibles terceros.
12 de agosto: aparece procesada y emitida la Nota de Crédito Desmaterializada.
Posteriormente: el contribuyente reclama ante el SRI.
21 de agosto: el SRI responde que la operación fue registrada mediante sus credenciales y reconoce que existen registros de transacciones e inicios de sesión que pueden ser solicitados mediante petición escrita.
Y ahí queda la pregunta fundamental:
¿Qué ocurrió realmente?
La respuesta no puede construirse únicamente sobre una presunción.
Debe construirse sobre evidencia.
Y si la evidencia se encuentra en los sistemas de la Administración Pública, debe existir un mecanismo para que la controversia sea esclarecida dentro del marco legal.
Porque la Administración Pública es un servicio a la colectividad.
Porque la Constitución exige eficacia, eficiencia, calidad, coordinación y transparencia.
Porque existe el derecho de petición y a recibir respuestas motivadas.
Y porque el ciudadano no debería sentirse obligado a recorrer todo el Estado para encontrar una institución que finalmente le diga:
“Aquí sí podemos ayudarlo”.
El Estado no está para sacarse el cuerpo frente al ciudadano.
Está para servir dentro de la ley.
Y cuando un ciudadano pide ayuda para esclarecer una operación que afecta su dinero, lo mínimo que merece es una ruta clara, una respuesta motivada y la posibilidad real de defender sus derechos.
Porque el dinero que sostiene al Estado proviene de los ciudadanos.
Y porque los servidores públicos están allí para servir a la sociedad, no para que la sociedad tenga que rogar por ser atendida.
THEIOS PARRHESÍA | Investigación y servicio al ciudadano
Nota editorial: Este reportaje protege deliberadamente la identidad del contribuyente involucrado. Las referencias a una eventual intervención de terceros, acceso no autorizado, suplantación o delito se presentan únicamente como hipótesis que requieren investigación y no como hechos probados. El propósito de esta publicación es documentar la controversia, informar a los contribuyentes y explicar mecanismos generales de defensa. La aplicación concreta de recursos administrativos, tributarios, judiciales o constitucionales debe determinarse según las circunstancias y plazos de cada caso.
Fuentes institucionales: SRI y normativa ecuatoriana consultada. La guía oficial del SRI confirma la existencia del procedimiento de cambio de reintegro de acreditación a emisión de título valor. (Sri Ecuador) El Código Orgánico Administrativo fue publicado en el Registro Oficial N.º 31, Segundo Suplemento, de 7 de julio de 2017. (Asamblea Nacional)